Paisajes sonoros del retorno

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PAISAJES SONOROS DEL RETORNO

Palma de aceite, despojo y culturas de paz en el postconflicto colombiano

María DEL PILAR RAMÍREZ GRÓBLI

CAPÍTULO I Industria palmera, postconflicto y culturas de convivencia

La industria de la palma de aceite

Si nos ubicamos en el contexto regional del continente latinoamericano, Brasil es el país pionero en la producción de agrocombustibles, especialmente de etanol.' Otros países del continente, entre ellos Colombia, Argentina, Guatemala y Uruguay, han optado también por incursionar en el negocio de los combustibles extraídos del agro con el propósito de posicionarse como exportadores a nivel mundial. La mayoría de los gobiernos nacionales en América Latina han acogido con gran receptividad esta estrategia y han introducido incentivos

1. La producción de etanol se deriva especialmente de los cultivos de caña de azúcar, localizados en su gran mayoría en la región del Cerrado. En 2006 era de cerca de dieciocho millones de litros y con las subvenciones del Gobierno se esperaba que para el año 2010 subiera a los veinticuatro millones (Fritz 2008). El informe anual de la Global Renewable Fuels Alliance (GRFA) prevé una producción de más de noventa mil millones de litros para el 2014.

en sus programas políticos para promover la producción de agrocombustibles.? Este entusiasmo se refleja también en la modificación de disposiciones normativas y legislativas para facilitar las gestiones jurídicas requeridas por la industria de hidrocarburos. Estos y otros procedimientos, utilizados para el fomento del agronegocio, son elegidos como nuevos derroteros que contribuyen al llamado “desarrollo” y “bienestar” nacionales.

La ambiciosa agenda por la producción de agrocombustibles ha influido en la expansión de los monocultivos en la región. El factor institucional ha sido determinante, en especial a partir del 2006 en el contexto de la crisis financiera global, pues varios países han introducido iniciativas en sus políticas energéticas para el uso de biodiésel, paralelamente a la imponente producción de etanol que se extrae de la caña de azúcar. Países como Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica y Ecuador tienen iniciativas nacionales para seguir incrementando el área de expansión de los monocultivos de palma de aceite. Sin embargo, hay diferencias en el uso que le da cada país a su producción, en el caso de Colombia la mitad de su producción se utiliza para producir biodiésel?.

La deforestación y el cambio de los usos de la tierra relacionados con los cultivos de palma de aceite? afectan cada vez a más países en el continente latinoamericano. De acuerdo con Forumo y Aide, “en América Latina, la producción de aceite de palma se ha duplicado desde 2001, la mayor parte de la expansión parece estar ocurriendo en tierras no boscosas” (Forumo y Aide 2017). En ese mismo estudio, se estima que entre 1989 y 2013, en América Central y el Caribe, los niveles de

2. En algunos casos, se han cambiado acuerdos regionales o nacionales previos a conveniencia de los grandes consorcios.

3. La promoción y el consumo de biodiésel se formuló a través de la ley 939 del 2004 y la resolución 1289 del 2005. Se preveían incrementos paulatinos en el consumo de biodiésel en el transporte. A partir del 2012, el 60% de todos los vehículos que se vendieran en Colombia deberían usar la tecnología “E85 flexi fuel”.

4. De acuerdo estudios recientes, los altos niveles de deforestación que se han evidenciado en los países del sudeste asiático como Indonesia y Malasia a causa de los monocultivos de palma de aceite son mucho más severos que lo que sea registrado en América Latina.

CAPÍTULO 1 35 deforestación a causa de las plantaciones de palma correspondieron al 2%, mientras que en América del Sur, entre el 2000 y el 2010, cerca del 30% de áreas sembradas con palma de aceite eran zonas forestales. Si bien las cifras de desforestación de los cultivos de palma en América Latina no alcanzan los niveles de los países del sudeste asiático, los impactos se hacen sentir en el cambio de cultivos que son desplazados y son parte del abastecimiento de las poblaciones locales, la presión en la extensión de la frontera agrícola y el mercado de tierras. En términos de mercado comercial, la mayoría de los países productores de la región son exportadores, sin embargo, el 80% del aceite de palma producido en América Latina se exporta dentro del área continental. En esa dinámica, México es el mayor importador con un 61%. Brasil, México y Colombia son los mayores consumidores de aceite de palma en la región, convirtiéndose Brasil en el país latinoamericano que más aceite de palma importa de fuera de la región, especialmente de Indonesia, y se destina para la industria alimenticia. Colombia es, por su parte, el mayor exportador de la región, cuyos destinos son Holanda, Reino Unido y Alemania, y de forma recíproca Europa capta cerca del 93% de todo el aceite que se exporta de América Latina y el Caribe. Existe una gran controversia en torno a los aportes reales, las oportunidades y los desafíos que plantea esta forma de extracción energética. Los asuntos que suscitan mayor polémica están relacionados con efectos que causan los monocultivos en el medio ambiente, las repercusiones que acarrea en la población local, la utilidad en términos prácticos y de uso, la extensión de las plantaciones dedicadas a los combustibles, así como también los costos de transacción para sustituir los fósiles no renovables.

Estos aspectos los analizan autores como Giampietro y Mayumi (2009), Cotula, Dyer y Vermeulen (2008), Dworack et al. (2008), Hill et a/. (2006), Oosterkamp, De Bruin y Barrón (2007), Peskett et al. (2007), Rajagopal et al. (2007), Roa (2007), Fritz (2008), Toasa (2009) y Franco et al. (2010), entre muchos otros. Así como muestran diversos estudios, las dinámicas de cambio en la vocación agrícola, los usos y el acceso a la tierra que se derivan de la introducción de cultivos perennes para el uso industrial recrudecen la disparidad estructural, ya arraigada, en la distribución agraria e inciden en el aumento de la desigualdad y precariedad del acceso a la tierra para los campesinos. Para los propósitos agroindustriales, la tierra es considerada, exclusivamente, un recurso para efectos de productividad; además, el acceso a la propiedad agrícola sigue siendo un instrumento de poder para quienes ya poseen grandes extensiones de tierra o para quienes disponen de los medios económicos para adquirirlas. La recepción de los monocultivos de palma de aceite a nivel local tiene diferentes escenarios que varían según la región y la historia poblacional de las comunidades que se vinculan o se ven obligadas a vincularse a esa actividad. La problemática del acceso a la tierra y el cambio en los usos de la producción agrícola son efectos directos que enfrentan las poblaciones rurales en todas las regiones. Otros efectos, tales como el desempleo, el cambio en las prácticas alimentarias, la alteración de las formas de organización colectiva, la fragmentación social, la pérdida de saberes compartidos, los hostigamientos y las agresiones al campesinado son consecuencias que experimentan, en mayor proporción, algunas poblaciones específicas que han sido despojadas de sus territorios.

En algunos estudios se ha analizado la relación que guardan las plantaciones de cultivos de palma de aceite con el conflicto armado en Colombia y el desplazamiento. Juanita Goebertus (2008), Camilo Rey (2008), Mónica Hurtado, Catherine Pereira Villa y Edgar Villa (2017), entre otros, aportan importantes reflexiones sobre la relación entre los desplazamientos forzados en algunas regiones y el aumento en las extensiones de cultivo de palma de aceite. Asimismo, en los análisis de Sebastián Ocampo (2009) sobre la relación entre agroindustria y conflicto armado se tematiza la relación entre recursos naturales y la financiación del conflicto armado. De acuerdo con sus hallazgos, en el caso de la palma de aceite, aunque no se muestran correlaciones directas, sí hay incidencias indirectas, especialmente en relación a la tenencia de la tierra a nivel local. Este es un asunto crucial que pone desafíos a la implementación del Acuerdo Final y a los propósitos de restitución de tierras y ordenamiento territorial.

CAPÍTULO I 37

El postconflicto o la transición a la paz: reflexiones y aportes de este estudio

¿Cómo reconstruir el poder público y disminuir la violencia? Como señala Hannah Arendt (1970), el poder y la violencia no son idénticos. El poder está en riesgo cuando aparece la violencia, esta es potencialmente un instrumento para la destrucción del poder, pero no puede crear un nuevo poder, sino reproducir más violencia. En el contexto colombiano, la historia de violencias ha impedido la reconstrucción del poder público; se han impuesto fuerzas de combate y lucha armada apropiándose de diversos instrumentos para ejercer el control. El uso de la violencia tanto armada como no armada ha ido destruyendo los espacios de poder social y político generando una forma de confrontación permanente. Con la firma del Acuerdo Final, Colombia ha querido entrar en una nueva fase post-conflicto, lo que significa la finalización de la confrontación armada entre los actores enfrentados. Esta nueva etapa de transición va a ser un proceso probablemente largo y seguramente exigente. Exigente no solamente para los que han sido azotados por la violencia armada, sino para quienes la han propiciado. Pues, una vez se silencian los fusiles se hace necesario volver la mirada hacia los conflictos sociales que las armas y la violencia habían congelado en el olvido.

Los acuerdos propician espacios para frenar las hostilidades de la guerra abierta y abren posibilidades para desempolvar los temas que han dado origen a los conflictos y así poder avanzar en la búsqueda de viabilidades para transformación social. En el proceso de transacción de las disputas empiezan a darse espacios para diseñar una arquitectura del entendimiento y la convivencia, y redefinir los roles de los actores sociales y la reconstrucción del andamiaje del poder público. Ese diseño, de gran envergadura, debe crear catalizadores que encausen la movilización social e instauren un ambiente de prácticas democráticas. Esa fase de transición en la que se han desmovilizado actores armados acontece paralelamente con la movilización de fuerzas sociales latentes. Es urgente que esas fuerzas no correspondan a la reproducción de los esquemas de violencia previos, sino que reactiven esquemas de nuevo poder colectivo, de acciones y beneficios sociales. Por ello, de igual forma, es urgente que se generen espacios que legitimen actores y agentes de movilidad social, que se conviertan en espacios de empoderamiento. Parte de esa reconstrucción del rompecabezas del poder público está en los actores que han venido imponiendo los diversos tipos de violencia, a quienes la ejercen con las armas y, también, a quienes la administran utilizando recursos económicos para reproducirla. Este estudio examina tanto el desplazamiento como el emplazamiento de tres comunidades que se han visto afectadas a causa de los monocultivos de palma aceite en Colombia y que son agentes que a través de mecanismos de resiliencia han querido construir historias de convivencia creando espacios para la justicia social, política y ambiental.

No es una sorpresa que el primer punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se titule “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, pues gran parte de las sociedades que habitan en las áreas rurales han sido dispersadas a causa de los desplazamientos forzados. Las culturas rurales en Colombia y muchos lugares del Sur Global tienen una historia de repetitivos despojos. No solo las diferencias partidistas desde las primeras décadas del siglo xx han violentado fuertemente al campesinado colombiano, sino también la formación de grupos armados como las guerrillas a partir de los años sesenta y posteriormente los grupos paramilitares han ocasionado la devastación en amplias zonas del país rural. El discurso desarrollista a través de los megaproyectos ha producido casos severos de desterritorialización, comprometiendo en buena parte el uso de los recursos naturales locales. El despojo que causan los monocultivos de palma de aceite, como veremos en las comunidades de enfoque está ocurriendo también en el contexto de la minería. Los megaproyectos para la explotación minera causan descomposición en los tejidos sociales de las poblaciones y afectan la supervivencia de las culturas autóctonas. Uno de los casos más severos es la actual situación que enfrenta la cultura wayuu en el departamento de la Guajira.? Diversas comunidades de esa etnia han

5. En el documental La buena vida, cuya producción es del año 2015, se puede apreciar parte del proceso de despojo que han sufrido algunas de las comunidades.

CAPÍTULO I 39 sido desplazadas por los grandes consorcios que están a cargo de la explotación de carbón en las minas del Cerrejón. La minería es motivo de una de las composiciones del CD producido por cantautores de la

Zona de Reserva Campesina del Cimitarra, titulada “P? Guamocó”, donde se tematiza así:

Miles de colombianos: indios, blancos y negros

Trabajamos la tierra para poder subsistir (bis)

El monstruo de los yanquis nos quiere quitar la tierra

Que hemos trabajado desde hace mucho tiempo atrás (bis). (Mauricio Sánchez, Relatos musicales para la memoria histórica).

Guamocó* es una región de historia de explotación minera en donde el mineral de oro ha significado el desplazamiento de muchos de sus pobladores, que practicaban la minería artesanal. La presencia de grupos armados ha facilitado el control territorial de la zona y el ingreso de las empresas transnacionales, para que sean ellas quienes exploten el oro, así como lo expresa la estrofa anterior: “El monstruo de los yanquis nos quiere quitar la tierra”. Como el caso Guamocó se podría enumerar una larga lista de despojos por el extractivismo minero. Los cultivos extensivos para agrocombustible son una de formas de extracción o neoextractivismo.

De acuerdo al texto de la Reforma Rural que se consigna en el Acuerdo Final, el territorio se define de la siguiente manera:

Un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural en el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición de desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural (Nuevo Acuerdo Final 9).?

6. “La tierra es muy rica en recursos naturales, lo que significa que la población, en su mayoría, se dedica a la minería artesanal, sobre todo, a la explotación del oro. Este trabajo, bastante peligroso, se realiza en el sector informal del mercado laboral de Colombia y está criminalizado por parte del Estado colombiano, puesto que los mineros tienen que pagar obligatoriamente impuestos a la guerrilla o a grupos neoparamilitares en la región como ejemplo del poder que tienen estos grupos” (Peace Brigades Colombia 2016).

7. Las cursivas son mías.

El territorio y, no solo la tierra, deben ser apreciados en toda su complejidad. Existe un componente sociohistórico que caracteriza tanto a las regiones como a las comunidades locales y se hace visible a través de las prácticas del habitante rural. Este acervo histórico-cultural se ha visto impactado por las prácticas extractivistas a gran escala, que se pueden evidenciar en diferentes momentos de la historia rural y se han llevado a cabo especialmente en los países del Sur Global. Si hacia comienzos del siglo xx se impusieron en Colombia los monocultivos de banano, en las últimas décadas del siglo pasado y en las primeras dos décadas que han transcurrido del siglo xx1, se pueden observar las enormes dimensiones territoriales que ha abarcado el cultivo de palma de aceite en diferentes regiones del país. Los cultivos extensivos avalados e impulsados por las élites nacionales, incluso han sido parte del programa de desarrollo nacional en la administración de Álvaro Uribe. El surgimiento de las naciones en América Latina se gestó en burguesías sin identidad nacional y las reformas agrarias han seguido las estructuras de la herencia colonial. Como bien lo señala Eduardo Galeano, “las burguesías de estas tierras habían nacido como simples instrumentos del capitalismo internacional, prósperas piezas del engranaje mundial que sangraba a las colonias y a las semicolonias” (Galeano 2015: 152).

Desde los años noventa se han intensificado en Colombia los monocultivos con una marcada internacionalización de la agroindustria. Imponer usos de la tierra que son completamente ajenos a las prácticas locales obliga a cambiar drásticamente la vocación agrícola lugareña. Por otra parte, la ocupación de grandes extensiones de tierra que están destinadas al cultivo industrial se ha llevado a cabo sin incluir a las poblaciones rurales en los procesos de consulta ni en los procesos de decisión sobre el uso de los territorios. Gran parte de las dinámicas de transformación del agro en Colombia han estado guiadas por modelos que se ajustan mucho más a las tendencias y demandas globales y toman el sello del mejoramiento y del desarrollo, pero, en la práctica, siguen ignorando por completo las decisiones de las comunidades rurales, aun cuando los procedimientos jurídicos para el uso territorial aparezcan en las disposiciones legales.

CAPÍTULO I 41

A pesar de los escasos instrumentos jurídicos y políticos que poseen las comunidades rurales para incidir en la dinámica de usurpación de tierras y el neoextractivismo, muchas de ellas logran activar y movilizar recursos para construir narrativas y acciones de la interlocución y convivencia. Las consultas populares, que son un mecanismo de participación ciudadana, han sido el instrumento utilizado para manifestar la posición comunitaria frente a la presencia de megaproyectos de minería. Sin embargo, la Corte Constitucional atendiendo a una “Acción de Tutela instaurada por Mansarovar Energy Colombia Ltda., contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta”* emitió una sentencia en octubre del 2018 en la cual las consultas populares no pueden frenar proyectos de minería ni explotaciones petroleras porque las decisiones sobre explotación de los recursos del subsuelo deben ser tomadas por autoridades nacionales en coordinación con autoridades regionales. Este hecho marca un retroceso en las posibilidades de participación local y comunitaria y es un claro revés a la gobernanza de los recursos naturales de las regiones. En las composiciones líricas analizadas en este estudio, los pobladores rurales construyen desde el canto un discurso lírico cuyo propósito es crear espacios de coexistencia y entendimiento que superen el dolor, instauren la confianza y sirvan como instrumento de inclusión y participación. Uno de los cantautores de la comunidad de Las Pavas proyecta el anhelo de la convivencia a través de una composición en ritmo de vallenato con motivo de las votaciones del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en el mes de octubre de 2016:

EL PLEBISCITO

Sé que mañana sale un sol distinto Una nueva luz a mi país, yo veo llegar Feliz me siento al ver correr mis hijos Y que una mina no escuche explotar

Toda mi gente tiene la esperanza Que ahora las cosas sí pueden cambiar Sólo pongamos un poco de confianza

8. El texto que emite la sentencia se puede consultar en el siguiente enlace: <http:// www.corteconstitucional.goy.co/relatoria/2018/SU095-18.htm>.

Y al plebiscito, sí, hay que votar Y al plebiscito, sí, hay que votar (bis)

¡Ay! de Las Pavas, hay un grano de arena Por esa paz que ha luchado ASOCAB ¡Ay! Acabemos esta bendita guerra

Llegó el momento de perdonar

Y al plebiscito, sí, hay que votar Y al plebiscito, sí, hay que votar (bis)

¡Ay! Mi país ya se encuentra cansado Por esta guerra que tocó librar

Pero si hay unos que han aprovechado Y a los del campo nos toca llorar

Y al plebiscito, sí, hay que votar Y al plebiscito, sí, hay que votar (bis) (Etni Torres, ASOCAB, Las Pavas).

En esta composición, antes que narrar o describir el despojo al que han sido sometidos los campesinos de Las Pavas a causa de la industria palmera, el cantautor reafirma el proceso de la comunidad y de la asociación campesina ASOCAB y la urgente necesidad de transitar hacia escenarios de convivencia pacífica y entendimiento social. En la tercera estrofa, se recalca el aporte comunitario que han venido construyendo las asociaciones campesinas. Así como lo expresa Etni Torres: “Ay! de Las Pavas, hay un grano de arena / Por esa paz que ha luchado ASO- CAB”. Ese grano de arena es simiente de esta comunidad que, por más de una década, sigue manteniendo un proceso de resiliencia y edificando el proyecto del retorno territorial, como lo veremos más adelante. No es legítimo que se siga diseñando desde los centros de negocios urbanos lo que debe ser el futuro de las poblaciones rurales. Fallidas son las predicciones econométricas para un simulado progreso. La asimétrica distribución de las tierras en Colombia es un claro indicador de que las riquezas quedan en unos pocos, en quienes se concentra el poder, mientras paralelamente se disminuye el bienestar de muchos y se van descomponiendo valiosos segmentos de la población rural y semiurbana. La mayoría de poblaciones rurales siguen supeditadas a

CAPÍTULO 1 43 marcos de acción dispuestos por alianzas entre gobiernos y empresarios (que en muchos casos son los mismos) en donde los campesinos no disponen de instrumentos de poder, y, cuando existen, reducen al máximo la participación popular, como el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre las Consultas Populares. El documento final del Acuerdo de Paz se refiere al papel que tienen las comunidades sobre la gobernanza de su territorio; allí se recalca la necesidad de promover la participación comunitaria y se indica que se deben abrir espacios de participación: “mediante la generación de espacios institucionales, participativos y democráticos donde éstas (las comunidades) tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación, seguimiento y los diferentes planes y programas acordados” (Nuevo Acuerdo Final 9).

Si bien en la Constitución colombiana de 1991 ya se insiste en la necesidad de ampliar los mecanismos de participación ciudadana y abarcar procesos de decisión que vayan más allá del sufragio político, en la práctica, el paso de una democracia representativa que genere espacios decisivos de participación no se da por el solo hecho de consignarlo dentro de las disposiciones legales de la carta magna. Esos espacios de participación son visibles, casi siempre, recién después de recorrer largos caminos de lucha, como los que han tenido que seguir las comunidades rurales, conquistándolos y haciéndolos propicios en la interacción social. Es decir, que las nuevas formas de participación que llegan a ser legalmente establecidas en el contrato legal constitucional, en muchos casos, han sido el resultado de procesos de reivindicación social. Un ejemplo de ello son las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y el derecho de los territorios colectivos.? Las comunidades desplazadas de sus entornos originales no solo reclaman el retorno a los territorios físicos de su hábitat, sino que demandan también la posibilidad de reconstruir su cultura territorial local. En Colombia existen seis

9. Tanto las Zonas de Reserva Campesina como los Territorios Colectivos son modelos de ordenamiento territorial que han significado largos caminos de lucha para los pobladores rurales. En el caso de las primeras, la gestión y el trabajo de muchas asociaciones campesinas han derivado en la vinculación en el marco legal. En el caso de los segundos, las comunidades afrocolombianas del Pacífico han liderado importantes procesos para su consolidación territorial como Comunidades Negras.

Zonas de Reserva Campesina, ZRC, que abarcan 831.111 hectáreas; entraron en vigencia con la ley 160 de 1994." La imposición del modelo neoliberal y extractivista va en detrimento de las ZRC, figuras de gobernanza territorial que no han sido impulsadas debidamente por el Gobierno. De impulsarse las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) se seguirán fomentando los beneficios de los empresarios y poca incidencia tendrán las economías campesinas en la transformación del sector rural, lo cual reproduce una vez más la asimetría de poderes. Esto afecta no solamente a las comunidades, sino que compromete otros segmentos de la economía, así como también la soberanía alimentaria del país. Resulta preocupante que, en el marco de propuestas por la construcción de paz, el Gobierno apoye la implementación de figuras de administración territorial que llevarían a exacerbar la concentración de tierras y la pauperización del campesinado. Ese es el caso de las ZIDRES. De acuerdo con Carmenza Castiblanco y Juan Carlos Rojas Bustos (2016), se trata de una figura creada en la ley 1776 de 2016, cuya formulación de desarrollo no guarda ninguna relación con el bienestar de las comunidades campesinas, sino que, por el contrario, se basa en el mismo modelo neoliberal que beneficia a los grandes empresarios y a través del cual se concentra la tierra en muy pocas manos. Se trata de un mecanismo con el que los grandes latifundistas podrán seguir accediendo de manera fácil a las tierras, ahora con el beneplácito legal para apropiarse de bienes, usos y servicios ambientales. Además, con la excusa del modelo agroexportador, se promueve el acaparamiento de tierras utilizando diversas modalidades como concesión de tierras y arrendamiento o la adquisición de baldíos de la nación, entre otras. Por otra parte, esa ley cristalizada en las ZIDRES actúa completamente en contra de las comunidades campesinas, pues las sigue marginalizando porque no contempla sus economías agrícolas locales ni las involucra en procesos de consulta popular para decidir

10. “Hoy en día el Estado nos ha limitado y nos ha puesto un poco de trabas a pesar de que las ZRC ya están legalmente constituidas. Entonces, en este momento el Estado no quiere cumplir la ley porque hay 54 organizaciones solicitando Zonas de Reserva Campesina pero no ha sido posible que se constituya una nueva, solo quedaron las 6 que ya teníamos” (<http://www.reliefweb.int/report/colombia/zonas-de-reserva-campesina-alternativa-de-desarrollo-rural-solidario>).

CAPÍTULO 1 45 sobre sus territorios; tampoco incide positivamente en los proyectos de desarrollo rural locales. De acuerdo con las investigaciones realizadas por Mingorance (2018), como se observa en los mapas, justamente las zonas en las que se prevé desarrollar las ZIDRES, son aquellas que se señalan como aptas para el cultivo de palma de aceite. De igual manera, la expansión de los cultivos ha tenido mayor despliegue en la región oriental en departamentos como Meta, Vichada y Casanare, en donde, según las narrativas del gobierno, las ZIDRES serían lo más propicio, ya que por ser zonas alejadas no se puede generar el desarrollo endógeno. En realidad, la aprobación de las ZIDRES para poder dar rienda suelta al agronegocio, anda a mayor velocidad que los puntos pactados en el primer capítulo de Reforma Rural Integral. Las ZIDRES favorecen los mecanismos para dar en concesión a los empresarios las tierras de la nación que antes fueron terrenos baldíos y así ampliar la frontera agrícola; lo que significa que los campesinos que fueron desplazados por la violencia en esos territorios seguirán siendo invisibles para la agroindustria que se concentra en la expansión del cultivo de la palma de aceite. La extensión equivale a cerca de “de las 7,2 millones de hectáreas que, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), están en malas condiciones y son susceptibles de desarrollar ZIDRES, el 75,5% (5,5 millones de hectáreas) corresponden de forma milimétrica con las áreas aptas para el cultivo de palma africana” (Colombia Plural, 2018). El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) reimpulsó, a través del proyecto 3917, la creación de las ZIDRES en territorios que no son aptos para ello. Por un lado, el CONPES 3917 quiere desconocer conscientemente los derechos de las comunidades ancestrales, cuyas demandas por derechos de tierra llevan mucho tiempo sin resolver y, por otra parte, ignoran el proceso de formación en el que están muchas comunidades campesinas para constituir las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

CAPÍTULO 1 47

Lo que resulta más nocivo en términos de construcción de equidad es el mecanismo de alianzas productivas que salvaguarda los mismos patrones de relación asimétrica entre campesinos y empresarios y que conduce a la pérdida de los territorios de los habitantes rurales. Como señaló Darío Fajardo, se trata de “asociación del zorro y las gallinas”, y, tal y como lo expresó Alejandro Reyes Posada, asesor del ex ministro Juan Camilo Restrepo, los beneficios serán para los empresarios:

El efecto es que los empresarios “ambiciosos” podrán descargar costos y riesgos en sus socios campesinos, que además le demandarán bienes públicos al Estado, como en cualquier región de colonización, para que así sea éste quien termine pagando el costo de instalar la mano de obra para las plantaciones agroindustriales (Reyes 2015).

Los monocultivos de palma están concebidos dentro de ese modelo agroexportador que responde a las demandas nacionales e internacionales. De acuerdo con los informes recientes de la Revista Palmas 39, de 2019, el aceite de palma producido en Colombia se está fomentando en el uso local, especialmente en la industria alimenticia y del agrocombustible a través del Programa Nacional de Biodiésel. En diferentes zonas del país la imposición de ese modelo ha mostrado fuertes impactos en la dinámica de adquisición de territorios y ha generado conflictividad por vincular actores armados; esto ha ocurrido en territorios colectivos en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó en el Urabá chocoano, en la Orinoquía, en Montes de María y en muchos otros lugares. El estudio de Sánchez-Ayala y Cindia Arango-López (2015) ilustra el impacto de los monocultivos de la palma de aceite en el asentamiento de San Cristóbal, en Montes de María. En la dinámica de la tenencia de tierras se evidencia la vinculación de actores ilegales para apropiarse de los lotes de los afrocolombianos y así ejercer mayor control sobre los territorios. En otros estudios sobre el impacto de los monocultivos de palma de aceite y su relación con el desplazamiento (Rey 2013, Goebertus 2008, Hurtado 2017) se documenta la incidencia de los grupos paramilitares ya sea por la presión y la violencia que ejercen sobre la población para expulsarla o por la cooperación conjunta con algunas de las empresas de industria palmera.

Dentro de los trece principios que rigen el marco del Acuerdo Final definitivo, /a participación es uno de ellos, una participación integral que refuerce las prácticas de una gobernanza democrática basada en fundamentos de transparencia y rendición de cuentas, veeduría ciudadana y vigilancia. En la práctica rural, es sabido que muchas de las comunidades que han querido poner en ejercicio esos mecanismos han experimentado duras reacciones y se han visto involucradas, incluso, en disputas violentas. Además, han soportado diferentes formas de hostigamiento por parte de grupos que ostentan poder. Tal es el caso de las comunidades que se han pronunciado en contra de los monocultivos de palma africana en las regiones del Atlántico y del Pacífico colombiano. A pesar de las profundas asimetrías de poder, las comunidades han recurrido a mecanismos de resistencia para poder hacer visibles sus modos de convivencia que nacen de las racionalidades comunitarias. Así mismo han recurrido a sus lenguajes rurales y auténticos, como son las músicas regionales, para negociar espacios de participación y empoderamiento. El indagar qué mecanismos utilizan y cómo construyen los discursos para interactuar ante estructuras asimétricas de poder, se convierte en un eslabón imprescindible para aportar en la construcción de la paz desde una inclusión y participación que incida en la transformación de las estructuras de inequidad vigentes.