Donde el pasado persiste: Políticas de memoria en el ex Servicio de Informaciones de Rosario (2001-2020)

Front matter

Políticas de memoria en el ex Servicio de Informaciones de Rosario (2001-2020)

Esta publicación ha sido sometida a evaluación interna y externa organizada por las instituciones editoras.

Corrección: Guillermina Canga Diseño gráfico: Andrés Espinosa (UNGS) Maquetación: Delia Contreras Queda hecho el depósito que marca la Ley 11723 Impreso en Argentina ©202 Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de General Sarmiento Colección Entre los libros de la buena memoria Cinto, Agustina Donde el pasado persiste : políticas de memoria en el ex servicio de informaciones de Rosario 2001-2020 / Agustina Cinto. - 1a ed. - Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento ; La Plata : Editorial de la Universidad Nacional de La Plata ; Posadas : Universidad Nacional de Misiones , 2025. Libro digital, PDF - (Entre los libros de la buena memoria ; 41) Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-630-806-9 1. Memoria. 2. Historia de los Derechos Humanos. 3. Historia Argentina. I. Título.

Capítulo 1. Centro Popular de la Memoria

Ex centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas el Pozo: la recuperación El objetivo de este capítulo es analizar la instancia de calificación del ex CCD SI, entre los años 2001 y 2003, en la que se establece la marca fundacional como lugar de memoria que será contestada, cuestionada o resignificada en las instancias posteriores. Para ello, en primer lugar, reconstruyo las condiciones que posibilitaron la recuperación del ex-SI, explorando los antecedentes que precedieron a la firma del convenio entre el gobierno provincial y un conjunto de organismos locales para la administración del ex-CCD, entonces nominado como “Centro Popular de la Memoria. Ex centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas el Pozo”, en el mes de mayo del año 2002. En segundo lugar, focalizo en los inicios del proceso de construcción del Centro Popular, abordando específicamente la creación de la comisión directiva encargada de gestionar el ex-CCD. En la tensión entre el saber militante y el saber experto, atiendo al Equipo de Investigación por la Memoria Político-Cultural, analizando el modo en que fue convocado, su permanencia y participación de la recuperación junto con los/as demás actores/as involucrados/as. En tercer lugar, en torno al trabajo del equipo, abordo el dispositivo de mediación memorial que caracterizó la representación del ex-SI en esta instancia: las denominadas bajadas, poniendo de relieve el protagonismo que adquirieron los/ as sobrevivientes del ex-CCD y sus memorias de la política. Considerando las prácticas configuradas como prescriptivas o proscriptivas, por último, doy cuenta de las intervenciones que modelaron la sacralización del ex-CCD durante este período, instaurando usos y formas de gestión disputados entre los/as expertos/as, sobrevivientes y organismos.

Las condiciones de posibilidad La recuperación del ex-SI en 2002 no fue un hecho espontáneo ni fortuito, sino que una serie de antecedentes la posibilitaron en un contexto de cambiantes relaciones de fuerza entre los/as actores/as involucrados/as. Es decir, el ex-CCD no contaba con condiciones que teleológicamente condujeran a su recuperación, sino que fue producto de la específica articulación entre actores/as estatales y extraestatales en una coyuntura particular. De este modo, establezco una serie de antecedentes que, entre los años 1998 y 2001, fungieron como condiciones de posibilidad para la recuperación del ex-SI: a) conmemorativos, vinculados a la movilización y visibilización de determinadas memorias en torno al lugar, tales como las acciones recordatorias de los organismos locales en torno al ex-CCD y la conformación del Museo de la Memoria; b) político-gubernamentales, en relación con la disputa –territorial y simbólica– entre la Policía de Santa Fe y el gobierno provincial, como las acciones específicas contra represores 24 que se desempeñaban en la Policía de Santa Fe; y c) judiciales, ligados a las investigaciones forenses centradas en el ex-CCD, en el caso de las inspecciones judiciales en el marco de los Juicios por la Verdad Histórica25 y el hallazgo de docu- 24 Categoría nativa, acuñada por la militancia en DD. HH., que refiere a “todas las personas, sean civiles u oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que estuvieron involucrados y/o son denunciados, acusados, procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura” (Salvi, 2016: 26). Sin desconocer la existencia, en menor medida, de represoras, utilizo esta categoría desde el género masculino dado que, para el caso del ex-SI, se trataba de hombres. 25 Los Juicios por la Verdad Histórica se llevaron a cabo en varias ciudades del país, entre ellas, Rosario, donde la primera presentación se realizó en 1998 (Luciani, Rosso Ponce y Wingerter, 2006). Teniendo como antecedentes el Juicio a las Juntas de 1985 e intervenciones judiciales en el ámbito internacional, los Juicios por la Verdad fueron movilizados mentación, objetos y restos óseos en el edificio de la Jefatura. Estos antecedentes contribuyen a dilucidar por qué ante los más de veinte ex-CCD y lugares de tránsito vinculados al accionar represivo en el departamento Rosario (Cinto y González, 2017), solo el ex-SI fue recuperado tempranamente, para configurarse, luego, como objeto sostenido de políticas de memoria.

En términos conmemorativos, 1998 aparece como un punto de partida a nivel local, pero es un año trascendente respecto a políticas de memoria en torno a la última dictadura, en general (Barbuto, 2012), y a ex-CCD, en particular (Da Silva Catela, 2014; Feld, 2017, D’Ottavio, 2017). En Rosario, el 15 de enero de 1998 los organismos se movilizaron hacia el ex-SI,26 tras la ronda en la Plaza 25 de Mayo de cada jueves. Encabezada por Madres de Plaza 25 de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo-Rosario, la movilización fue acompañada por Familiares, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la APDH y organizaciones de izquierda como el Movimiento al Socialismo, Venceremos, el Partido Comunista, el Partido Obrero y anarquistas. por familiares, sobrevivientes y abogados/as en DD. HH. para conocer el destino de desaparecidos/as y asesinados/as sin establecer condenas penales. Como una innovadora forma de justicia transicional, no estuvieron exentos de disputas y tensiones acerca de los sentidos y representaciones de la última dictadura (Andriotti Romanin, 2013). 26 “Repudio frente a la ESMA rosarina”, Página/12, 16/01/1998. Aunque la prensa señalara que era la primera movilización frente al ex-CCD, Élida, representante de Familiares, afirmaba durante la entrevista que su organización había realizado el primer escrache frente al ex-SI en la década del ochenta, durante el que recibieron un fuerte maltrato por parte de la policía que aún permanecía en el edificio.

Imagen 11. Movilización frente al ex-SI Fuente: Alberto Gentilcore en “Repudio frente a la ESMA rosarina”, Página/12, 16/01/1998.

Esta movilización se inscribió en una coyuntura particular: el decreto firmado por el entonces presidente, Carlos Saúl Menem, el 6 de enero de ese mismo año, para trasladar la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), “destinar al uso público los terrenos que actualmente ocupa […] y erigir en dicho aspecto libre un símbolo de la unión nacional”.27 La decisión obtuvo rápidamente el repudio de los organismos de DD. HH. de la ciudad de Buenos Aires que, mediante sostenidas movilizaciones y acciones judiciales, lograron frenarla (Schindel, 2009; Guglielmucci, 2011a; Barbuto, 2012; Feld, 2017; Larralde Armas, 2017). La extensa cobertura del hecho por parte de los medios de alcance nacional llegó a Rosario, donde se organizó la mencionada movilización frente al ex-SI, definido 27 Decreto N° 8/1998, Poder Ejecutivo Nacional. Disponible en: https://www.argentina. gob.ar/normativa/nacional/decreto-8-1998-48329/texto.

durante el acto como “nuestra propia ESMA”.28 De esta manera, en busca de concitar la atención pública a través de la comparación con el emblemático ex-CCD porteño, los organismos locales apuntaban a visibilizar el funcionamiento del ex-SI como CCD y parte de la entonces Jefatura de Policía.

En aquella coyuntura no existían aún experiencias de recuperación de ex-CCD en nuestro país, aunque, como en el caso de la ex-ESMA, sí se habían generado discusiones públicas acerca del destino de esos espacios físicos.29 Particularmente en Rosario, estaba aún en ciernes el destino del Museo de la Memoria, creado el 26 de febrero de 1998 por ordenanza municipal, que comenzaría a funcionar recién en marzo de 2001. 30 A partir de la iniciativa de una comisión conformada por organismos de DD. HH. y la presentación oficial por parte de concejales de la Unión Cívica Radical,31 se establecía como su sede definitiva el edificio del ex Comando del II Cuerpo de Ejército, a metros del ex-SI. 32 El Museo de la Memoria no solo se presenta como antecedente en cuanto a la articulación entre el Estado –en este caso, municipal– y algunos organismos lo- 28 “Repudio frente a la ESMA rosarina”, Rosario/12, 16/1/1998. En relación con estos hechos, fue colocada en diciembre de 1998 una placa con el nombre de varios represores del ex-SI en la puerta de la exjefatura –y no del ex-CCD-, que posteriormente fue removida. Cfr. “Desde ayer, una placa recuerda los nombres de los represores que actuaron en Jefatura”, El Ciudadano, 10/12/1999. 29 Además del estado público que tomó el debate en torno a la ex-ESMA en la Argentina, en el limítrofe país de Chile se producía la recuperación de Villa Grimaldi en 1994, ex centro de detención inaugurado como Parque por la Paz en 1997 (Schindel, 2009; López, 2010). Por su parte, en Uruguay, el penal de Punta Carretas, lugar de reclusión de presos políticos, fue demolido en 1994 para construir un shopping (Achugar en Jelin y Langland, 2003; Scaraffuni, 2021). 30 El museo funcionó desde esta fecha en distintas dependencias municipales, hasta que en 2010 logró ser instalado en el ex-Comando –cuya expropiación había sido aprobada por la legislatura provincial en mayo de 2002–, tras una serie de escraches realizados por los organismos e intensos debates públicos centrados en su recuperación como lugar de memoria (Águila, 2007; Scocco, 2016a). 31 Concretamente, los concejales Daniel Luna y Roberto Bereciartúa. 32 El ex Comando del II Cuerpo de Ejército, hoy Museo de la Memoria, se encuentra ubicado en la esquina de Córdoba y Moreno, frente a la plaza San Martín. La distancia entre la esquina del ex-Comando y la del ex-SI es de 3 cuadras, atravesando la plaza. El Comando fue la sede estratégica desde la que se organizó y coordinó el accionar represivo, donde se realizaron, además, los denominados “consejos de guerra”.

cales para gestionar el espacio,33 sino que también funcionó –como vemos luego– como un punto de referencia en las discusiones acerca del ex-SI, especialmente para establecer posiciones acerca de lo que debe o puede hacerse en un lugar de memoria.

Sobre los antecedentes político-gubernamentales, vimos en la introducción que el ex-SI se ubica en una de las esquinas de un monumental edificio público que, desde 1930 hasta 2004, fue la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe. Esto implica que, mientras se producía el proceso de recuperación, la policía provincial ocupaba el resto del edificio, y continuó teniendo acceso al lugar durante la década del ochenta y buena parte de la década del noventa, puesto que en su planta baja funcionaba la División Informaciones, mientras que las oficinas de Moralidad Pública se ubicaban en el entrepiso. Durante la primera gobernación del peronista Jorge Obeid (1995-1999), el gobierno provincial había iniciado en agosto de 1998 las tratativas para trasladar la Jefatura a otras dependencias. La intención era poder disponer del edificio como sede gubernamental de la provincia en Rosario, hecho que culminó en 2004 durante la segunda gobernación de Obeid (2003-2007). Si bien el traslado fue presentado por el entonces gobernador como una decisión que contribuiría a “una mejor tarea policial”, su ministro de gobierno, Roberto Rosúa, declaró que “liberamos para Rosario el viejo edificio y lo recuperamos sacándolo de las viejas connotaciones que la policía tenía en alguna etapa de la historia de este país”.34 En este contexto de vigencia de las llamadas leyes de impunidad se venía produciendo una serie de denuncias públicas sobre la permanencia de integrantes de la patota de Feced 35 en la policía 33 La primera comisión, constituida formalmente en marzo de 2001, estaba compuesta por integrantes de APDH, MEDH, SERPAJ, Familiares y exdetenidas durante la última dictadura. “El Museo de la Memoria ya tiene su propia comisión”, La Capital, 1/4/2001. 34 “Para facilitar la tarea policial”, Rosario/12, 06/08/1998. Disponible en: https://www. pagina12.com.ar/1998/98-08/98-08-06/rota3a.htm. Es llamativo que la policía fuera trasladada al predio de la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, donde en uno de sus sectores funcionó un CCD (Bianchi, 2009). 35 Sobre este contexto puede consultarse el documental El Rosario de Galtieri. La ciudad obediente (1997). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AFS1Lfj7_lI.

provincial. Estas denuncias incluyeron un escrache 36 de la joven agrupación H.I.J.O.S. Rosario a Lo Fiego, exmiembro de la patota, en junio de 1998,37 y culminaron con el pase a retiro de seis comisarios que la integraron en octubre del mismo año. 38 En ello fue de relevancia el conocido como “Informe Borgonovo”, elaborado en 1997 por Esteban Borgonovo, militante peronista que estuvo detenido en el ex-SI durante su desempeño como subsecretario de Asuntos Legislativos del primer gobierno de Obeid. El objetivo del informe era reconstruir el accionar represivo en Rosario durante la última dictadura a partir de la causa Feced –entonces archivada–, en un contexto en el que “si bien la investigación en el país estaba paralizada […] había reclamos de España e Italia”.39 Estos antecedentes, definidos como político-gubernamentales, permiten dar cuenta de la convivencia social que existía con los represores. En ese contexto, el edificio de la Jefatura, incluido al ex-SI, se configuró como un territorio de disputa entre la policía y un gobierno provincial que propiciaba instancias para resquebrajar el “clima de impunidad” imperante en la fuerza de seguridad.

En lo que concierne a los antecedentes judiciales, el ex-SI se constituyó como foco del accionar judicial en torno a la aludida causa Feced que, conformada en 1984, está centrada en los delitos de lesa humanidad cometidos en este CCD durante la última dictadura. Desde entonces, el lugar fue cobrando un valor forense como “evidencia material” y “escena” de los crímenes allí cometidos, mediante el accionar específico de los/as abogados/as, “expertos/as en 36 El término escrache, característico del lunfardo, designó la práctica política por excelencia de H.I.J.O.S. en sus comienzos como un ritual de demanda de justicia por fuera de los ámbitos institucionalmente reconocidos (Da Silva Catela, 2001; Bonaldi, 2006). 37 “En nombre del futuro y la memoria”, Rosario/12, 28/6/1998. Disponible en: https:// www.pagina12.com.ar/1998/98-06/98-06-28/rota3.htm. 38 Fueron pasados a retiro José Rubén Lo Fiego, José Carlos Scortecchini, Alberto Julio Vitantonio, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Carlos Alberto Moore y César Heriberto Peralta, exmiembros de la patota. Habían sido puestos a disponibilidad en diciembre de 1997, pero el retiro obligatorio se concretó en octubre del año siguiente (“A colgar el uniforme”, Rosario/12, 27/10/1998. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/1998/98-10/98-10-27/ rota3a.htm). 39 “El hombre que echó al Ciego Lofiego” [sic], Rosario/12, 12/12/2010. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-26699-2010-12-22.html.

derechos humanos” (Vecchioli, 2007a), que trabajaban junto con los organismos. Este aspecto judicial se inscribe en la preeminencia que el paradigma jurídico ha tenido como marco de intervención y representación de la última dictadura en nuestro país desde el Juicio a las Juntas Militares en 1985 (Vezzetti, 2012; Crenzel, 2017), del que los ex-CCD no han quedado exentos. De esta manera, la Justicia se configuró como “territorio en el que quedaba definida la intervención posible sobre la etapa del terrorismo de Estado y el lugar central del agravio a las víctimas, representadas por una figura mayor del crimen moral y social, el desaparecido” (Vezzetti, 2012: 194).

En este contexto, el 11 de noviembre de 1999 se produjo un hecho inédito: el mencionado ministro de gobierno, Rosúa,40 autorizó el ingreso de periodistas, fotógrafos y organismos al ex-CCD (Águila, 2007), sin el aval del entonces jefe de la Policía, Oscar Francisco Partal. En aquella coyuntura, el ministro expresó la voluntad del gobierno de “mantener el sitio tal como lo recibimos para preservar la verdad histórica, en este caso desde el punto de vista físico”.41 Esta “postura preservacionista” (Guglielmucci, 2011b: 323) se encuadra en la necesidad de resguardar el espacio físico en medio de la disputa con la policía y, a la vez, se liga con la significación judicial del CCD, considerando que preservar la materialidad implicaba preservar su valor al compás de la realización de los Juicios por la Verdad Histórica en diferentes ciudades del país.

Luego de esta “apertura a la sociedad” y como parte de las investigaciones judiciales, el 12 de noviembre de 1999 integrantes de Madres y Familiares ingresaron al ex-CCD, junto con su abogada y al juez federal Carlos Carrillo, en busca de “pruebas de la represión ilegal”.42 Este ingreso, previo a la recuperación, fue significativo para las representantes de los organismos no solo por su “valor probatorio”, sino porque allí habían estado por última vez sus fa- 40 Considerando que el ex-CCD era parte de la entonces Jefatura de Policía, la injerencia de este ministerio se debía a que la policía provincial se encontraba bajo su órbita, a través de la Secretaría de Seguridad. 41 “El centro de detención que funcionó en la Jefatura local será preservado”, Rosario/12, 12/11/1999. Centro Documental Rubén Naranjo, Museo de la Memoria. 42 “La Justicia llegó tarde al sótano del horror”, El Ciudadano, 13/11/1999.

miliares: “Tocar esas paredes […] era como sentir que los habíamos encontrado, en cierta forma, y, al mismo tiempo, un gran dolor, porque los encontramos y pudimos comenzar un duelo” (Élida, 43 “Centro Popular de la Memoria”, documental, 2003). Este hecho conjugaba, entonces, el valor del ex-SI como prueba judicial de los crímenes allí cometidos, con su importancia emocional y afectiva (D´Ottavio, 2017; Messina, 2019a; Olmos, 2019) como espacio de duelo y “reencuentro con sus muertos/as”, habilitado a partir del reconocimiento oficial del lugar como CCD.

Tras la inspección judicial, el jefe de la Policía brindó una conferencia de prensa para anunciar el “hallazgo” de “los archivos de la represión” en el entretecho del edificio de la Jefatura. 44 Esta forma de denominar la documentación no fue ingenua, pues se trataba de un significante vinculado a la búsqueda de justicia (Kahan, 2007) de gran relevancia para los organismos45. De tal modo, el SERPAJ, H.I.J.O.S. y APDH presentaron una denuncia ante el juzgado federal de turno, que derivó en el secuestro de parte del material, con la cobertura de la prensa local. 46 Entre lo hallado, se encontraron bolsas de consorcio con documentación, una camilla ginecológica y restos óseos que, luego, se determinó que habían sido “plantados” en el lugar. Este descubrimiento, denunciado por integrantes de 43 Élida Luna (74 años), referente de la organización Familiares en Rosario. Fue militante del PRT-ERP junto con su pareja, quien estuvo secuestrado en el ex-SI y permanece desaparecido. Ha sido querellante en la causa Feced y, actualmente, integra la comisión directiva del Museo de la Memoria en representación de Familiares. 44 “Archivos de la represión en Rosario”, Página/12, 14/11/1999. Disponible en: https:// www.pagina12.com.ar/1999/99-11/99-11-14/pag17b.htm. 45 A su vez, la denominación ponía el “hallazgo” en serie con otros “archivos de la represión” del país, por lo que referentes del movimiento de DD. HH. porteño se refirieron públicamente al tema. El caso argentino más cercano era el de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) en 1998. Para un panorama latinoamericano de la cuestión en ese contexto, puede consultarse Da Silva Catela y Jelin (2002). Por otro lado, la “apertura” de archivos ligados al accionar dictatorial sería institucionalizada, años más tarde, como una “política de justicia” por los denominados gobiernos kirchneristas (Balé, 2018). 46 “En Rosario aparecen los Expedientes X”, Página/12, 15/11/1999. Centro documental Rubén Naranjo, Museo de la Memoria. La denominación proviene de una popular serie televisiva estadounidense conocida como Los expedientes secretos X. Aunque nada tenía que ver con extraterrestres o fenómenos paranormales, referirse al hallazgo de esta manera buscaba llamar la atención pública sobre el tema.

organismos como emergente de una “interna policial”, 47 condujo al desplazamiento del jefe policial, pero fundamentalmente puso de relieve en la agenda pública que en un sector de la Jefatura había funcionado un ex-CCD. Y, aunque la mayor parte del “hallazgo” no resultó relevante para las causas judiciales en curso, contribuyó a significar al ex-CCD como un lugar donde era posible “encontrar la verdad”, es decir, “las pruebas” de lo acontecido durante la última dictadura como “escena del crimen”.

Finalmente, el 22 de marzo de 2001, a 25 años del golpe de Estado y durante el segundo gobierno del peronista Carlos Reutemann (1999-2003), el ministro de gobierno, Ángel Baltuzzi, firmó la resolución N° 0060, que establecía la preservación de las dependencias del ex-SI “en el estado en que se encuentran actualmente, evitando modificaciones estructurales que impidan su utilización futura para reconstruir y preservar la memoria colectiva”. 48 La resolución había nacido de una presentación realizada tanto por la APDH, Familiares y ex presos políticos como por el entonces secretario de DD. HH. del Partido Justicialista (PJ), Osvaldo Turco, tomando como base la causa Feced. En este sentido, esta resolución condensa los antecedentes conmemorativos, político-gubernamentales y judiciales delimitados al oficializar la relevancia del ex-CCD para “reconstruir y preservar la memoria colectiva” en relación con su valor judicial, pero, fundamentalmente, estableciendo la presencia del gobierno provincial en un territorio en disputa con las fuerzas policiales.

Las primeras reuniones: sobre compromiso y compañerismo Estas condiciones posibilitaron que la recuperación del ex-SI comenzara a gestarse durante el año 2001 a través de reuniones entre representantes del Estado provincial y de los organismos loca- 47 “Se trató de una interna policial en la que fuimos involucrados”, La Capital, 29/11/1999. Centro documental Rubén Naranjo, Museo de la Memoria. 48 Resolución provincial N° 0060/2001, Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, Provincia de Santa Fe. Debo agradecer a una de las entrevistadas por el acceso a este documento.

les Madres, Abuelas, Familiares, la LADH, APDH, el MEDH e H.I.J.O.S. Fue invitada a las reuniones, además, AMSAFE Rosario, que contaba con una Secretaría de DD. HH. Su participación, concretada a través de Patricia,49 se relaciona con los vínculos afectivos y la afinidad ideológica que ligaban a las integrantes de esta secretaría con los organismos locales.

Todas las que estábamos ahí, de alguna manera, teníamos que ver con todos los procesos, con todo el desastre provocado durante la dictadura, y muy conectadas con los organismos. Quien más, quien menos, tenía una amiga, un amigo (Patricia, entrevista, 24/5/2019).

El trabajo conjunto entre el sindicato docente y los organismos se debía no solo a los/as militantes que compartían, sino también al interés que estos últimos habían mostrado tempranamente por la transmisión de sus memorias en espacios educativos en vinculación con la asociación gremial (Alonso, 2011).50 En estas reuniones iniciales cobró relevancia la presencia del mencionado Turco, quien comenzó a desempeñarse como el delegado en la ciudad del nuevo ministro de gobierno provincial, Lorenzo Dominguez.51 En este sentido, su participación funcionó a modo de nexo entre las demandas de los organismos y la gestión provincial. Élida refiere al respecto: [Reutemann] hizo una cosa buena, que la vamos a destacar. Nombró a Osvaldo Turco, que es un hombre político de toda la 49 Patricia (70-80 años) es docente jubilada de nivel inicial y fue la representante de AMSAFE Rosario en la comisión directiva formada tras la recuperación. Acompaña las rondas de cada jueves en la Plaza 25 de Mayo y las diversas acciones realizadas por los organismos locales. 50 Particularmente, la conducción a cargo del peronista José María Tessa (1996-2005) había alentado este trabajo en conjunto. 51 La asunción se produjo el 24 de agosto de 2001, luego de que Baltuzzi renunciara al cargo para ser candidato en las elecciones legislativas (“Nueva sorpresa de Reutemann: Domínguez reemplazó a Baltuzzi”, La Capital, 25/08/2001. Disponible en: https://archivo.lacapital. com.ar/2001/08/25/articulo_51.html). Este ministerio cumplía la función de planificar y coordinar las acciones del gobierno provincial, así como de establecer acuerdos y negociaciones políticas, por lo que el ministro y su delegado en Rosario eran figuras muy cercanas al gobernador.

vida, que es del peronismo […] Él lo llama a su amigo del alma, que es nuestro compañerazo también, que es Osvaldo Braccone. Entonces, Turco le dice a Braccone: “Decime una cosa, Braccone, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?”. Y los dos dijeron lo mismo: “Tenemos que recuperar lo que tenemos acá en la esquina, donde estuvieron los compañeros” (Élida, entrevista, 3/10/2018).

Tanto Turco como Osvaldo Braccone pueden ser considerados actores híbridamente posicionados (Messina, 2016), es decir, actores que simultáneamente se presentan como estatales y extraestatales. Como exdetenidos durante la última dictadura, ambos eran cercanos a los organismos; mientras que, como militantes peronistas, formaban parte del gobierno provincial: el primero, como delegado ministerial, y el segundo, como empleado público. Su intervención fue central en un contexto donde las relaciones entre el gobierno provincial y los organismos eran tensas y conflictivas, dada la adscripción ideológica del propio Reutemann, cercano a los sectores más conservadores del peronismo (Alonso, 2011). 52 Asimismo, la calificación de Turco y Braccone como compañeros –incluso, compañerazos– por parte de los organismos brinda algunas pistas acerca de los criterios de legitimidad política para sostener la articulación. Compañero, como categoría nativa ligada al peronismo, “involucra contenidos de tipo moral” (Balbi, 2007: 69), es decir, formas de ser y estar vinculadas a un “deber ser” (Cardoso de Oliveira, 2012). En este caso, la denominación de estos actores como compañeros señala su militancia peronista, pero, ante todo, el compromiso que establecen ante los organismos con la “causa de los derechos humanos” (Vecchioli, 2007a, 2007b).

De este modo, estos actores resultaron figuras clave para habilitar la calificación del ex-CCD como lugar de memoria y promover la articulación entre los organismos y el Estado provincial. Con ello, se evidencia que la estricta delimitación entre Estado y sociedad –en 52 El ingreso a la política del expiloto de automovilismo se había producido a mediados de los años noventa a través de su relación personal con el entonces presidente Menem, que le permitió acceder a la gobernación de Santa Fe en dos períodos (1991-1995 y 1999-2003) (Lascurain, 2011).

la figura de los/as militantes en DD. HH., en este caso– responde a un recorte analítico antes que al modo en que efectivamente se producen estas articulaciones en el mundo social. Se trata, así, de “una línea trazada por dentro de la red de mecanismos institucionales por medio de los cuales se mantiene el orden social y político” (Mitchell, 2015: 148). Analizar el Estado desde sus prácticas y los/as actores/as que las construyen o, en otros términos, pensar el “Estado en la sociedad” (Migdal, 2011) revela que esos límites se producen y reproducen cotidianamente y que las fronteras son mucho más permeables de lo que tradicionalmente hemos considerado. Al mismo tiempo, en el marco de estas reuniones iniciales con representantes del Estado provincial, los organismos definieron la incorporación de una antropóloga desde octubre del año 2001, bajo la intención de recibir asesoramiento técnico respecto a qué hacer en el ex-CCD. Silvia53 había sido recomendada por el mencionado Braccone, como compañera peronista de la misma generación. Pero la consideración de Silvia como compañera iba, al igual que en el caso de Turco y Braccone, más allá de su adscripción peronista. La antropóloga tenía una relación muy cercana a H.I.J.O.S. Rosario no solo porque “eran los hijos de [sus] compañeros” (Silvia, entrevista, 29/11/2019), sino también porque habían compartido varias instancias colectivas. En primer lugar, había realizado con ellos/ as una serie de talleres, a fines de los años noventa, para trabajar cuestiones vinculadas a identidad en el local del MEDH.

Posteriormente, junto con H.I.J.O.S. habían organizado una cátedra libre de DD. HH. en la Facultad de Humanidades y Artes. Asimismo, los/ as militantes de H.I.J.O.S. y la antropóloga se conocían a través del trabajo que realizaban en el barrio de República de la Sexta –al sur del centro de Rosario–, en relación con el centro comunitario La Rigoberta.54 Por último, Silvia coordinaba talleres de formación po- 53 Silvia Bianchi es antropóloga y fue militante del Movimiento Revolucionario Peronista. Se desempeñó como docente de Metodología de la Investigación en la carrera de Antropología de la UNR. Sus temas de trabajo han girado en torno a la antropología política, terrorismo de Estado y cultura popular latinoamericana. 54 Durante los primeros años después de su conformación en 1995, H.I.J.O.S. Rosario desarrolló su militancia en diferentes barrios periféricos de la ciudad. Organizado mediante una comisión denominada “Barrios”, este trabajo fue articulado con otras agrupaciones sociales y lítica, de orientación peronista, de los que participaban integrantes de H.I.J.O.S., pero también otros/as jóvenes interesados/as. Manuel,55 representante de H.I.J.O.S. Rosario en la comisión, relataba que esos espacios de trabajo conjunto: No quedaba[n] reducido[s] al peronismo, pero sí había toda una manera de pensar la identidad, la relación con la historia, la memoria, lo colectivo, las luchas sociales y las experiencias de los sesenta, pero además todas las experiencias de lucha anteriores […] Eso nos planteó durante buen tiempo una relación con Silvia y parte de su equipo, que cuando nosotros somos convocados al proyecto del SI la invitamos a que sea parte (Manuel, entrevista, 17/12/2012).

A partir de este vínculo previo, de cercanía afectiva y afinidad ideológica, no solo Braccone sino también los/as militantes de H.I.J.O.S. propusieron a los demás organismos que Silvia pudiera sumarse para asesorarlos/as. Su incorporación se debió a la vacancia existente respecto a otras experiencias de recuperación en el país, pero también a la consideración de que ella podría “saber qué hacer con” el ex-CCD. Sostiene Élida al respecto: Realmente, nosotros no sabíamos qué hacer, nosotros, la verdad, no teníamos la menor… Nosotros no nos podíamos mover ahí adentro, qué se nos va a ocurrir qué hacer […] queríamos fundamentalmente que vayan, que vean el lugar, que nos digan ellos qué era lo que parecía que había que hacer, que nosotros tuviéramos participación en las cosas que había que hacer (Élida, entrevista, 3/10/2018).

Existía, en estos comienzos, un reconocimiento de autoridad y expectativa en relación con la antropóloga, aunque la intención de los organismos era que ella desarrollara su trabajo junto con ellos y no en su lugar. En este sentido, el saber de la antropóloga aparecía políticas de la ciudad. En este primer período, de hecho, el local de H.I.J.O.S. Rosario estaba ubicado en el barrio República de la Sexta (Cinto, 2016). 55 Manuel (40-50 años), destacado militante de H.I.J.O.S. Rosario que se constituyó en referente de los organismos locales en general y coordinador del Espacio Juicio y Castigo.