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título| {+}OCTAVIO R. AMADEO
{+++++++}POLÍTICA
SUMARIO:
I
Al lector
Es de etiqueta este saludo de presentación. Como el lector y el autor no se conocen, y falta un tercero, el último se presenta a sí mismo haciendo monerias y fingiendo modestia sobre todo. Es la "pose" del autor. Resulta así tan desairado el saludo como el de los pruebistas del circo, cuando levantan los brazos.
Nada diré de mi insuficiencia, como es de práctica, por que la advertirá en todo caso el lector, sin indicación mía; y si no la vé, fuera necedad prevenirlo.
Sólo debo pedir una disculpa, porque eso es de cortesía, por algunas irreverencias, sólo aparentes, con ciertos hombres públicos, a quienes llamo por sus nombres, a veces los de pila, ahorrándoles títulos y señoríos; pues considero que a las celebridades no es desatención llamarlas por sus apellidos simplemente, como a San Martín o Washington, o por sus nombres de pila, como a Napoleón o don Bartolo. Empleo esa confianza para abreviar en unos casos, y en otros para evitar confusión de homónimos.
Como el libro está escrito sin pasión, pues mi temperatura política nunca llega hasta el hervor, espero que mis juicios sobre determinados políticos, por desfavorables que resulten, se hayan mantenido en la atribución del juicio público, sin rozar siquiera el fuero personal. Si así no es, atribúyase a torpeza de mi pluma.
Estoy entre dos temores: el del actor que debuta, inseguro del éxito y el de ofender con mis alusiones. Lo último sería para mí más doloroso. Pero no basta ese temor para suprimir tales juicios, porque truncaría mi pensamiento, sentando además el mal precedente de la inviolabilidad del hombre público, so pretexto de respeto, que es la doctrina del despotismo y la lesa majestad.
Le agradezco, lector, su gentileza, si me lee; tanto más cuanto yo en su lugar no me leería.
II
Del pasado
El encadenamiento de los hechos históricos es más fuerte que todas las teorías de los hombres; y por eso, para inducir siquiera aproximadamente lo que la presidencia próxima deberá ser, es útil recordar lo que las pasadas fueron. Resumiendo ese pasado, cabe afirmar el concepto corriente de que los primeros gobiernos centrales tuvieron la ineludible tarea de defender la revolución, y, caída la tiranía, Urquiza y Mitre, la de organizar la nacionalidad.
Sarmiento, Avellaneda y Roca consolidan la autoridad del gobierno contra los retoños de la anarquía; y Sáenz Peña, por último, da vida a las instituciones representativas y es el hombre de la democracia.
Nuestra historia constitucional no se ha escrito aún. No debe ser la exposición de los estatutos escritos, sino la investigación de las instituciones vivi- das; aquélla constituye la enseñanza tradicional, que falsea nuestra concepción del pasado presente políticos. La grande obra, que será profundamente educativa está por escribirse aún, y su futuro autor deberá aguardar una documentación benedictina. Recién entonces podrá formularse un juicio aproximado sobre nuestros hombres y cosas del pasado político.
Juzgo nuestra historia institucional con un optimismo que pretendo sano, y es propio de los argentinos, para bien o para mail. Creo que la nación ha tenido, en conjunto, los mejores gobiernos posibles. Hemos padecido enfermedades, pero leves, las de la infancia, la fiebre de los primeros dientes; pero nos hemos salvado de los grandes virus: las luchas de raza y de religión, el odio internacional, y al regionalismo.
Nos hemos librado también de la tutela del sable, siendo una fortuna que nuestro caudillismo no haya sido militar. Los caudillos sólo fueron soldados por accidente, y por exigencia de su carácter de leaders; los soldados—caudillos trocaron la espada por la toga; por eso no tuvimos pronunciamientos sino episódicos, estos mismos, amparados por los partidos civiles.
Nuestros grandes soldados, como San Martín, Belgrano y Mitre, no encabezaron ningún alzamiento puramente militar; el primero en 1812 fué un factor secundario; y Mitre, no obstante sus charreteras, era el jefe civil de un gran partido popular. Roca, al asumir la jefatura de su partido, envainó su espada para siempre.
En el cabildo abierto del 22 de Mayo, sobre 244 concurrentes, sólo 60 eran militares, proporción mediocre para la época; y en las posteriores asambleas constituyentes y legislativas el porcentaje fué aún menor. En la edad de hierro de la revolución, en que el militarismo pudo prosperar, el país era gobernado por Moreno, Funes, Rivadavia, Posadas y Pueyrredón. Alvear fué elegido por una asamblea ilustre de civiles, y cayó por los desaciertos de su juvenil petulancia. San Martín, al despedirse, dijo que no convenía a estos países nuevos la presencia de un militar afortunado, y su noble sacrificio, que lo elevó de golpe al nivel moral de Washington, ha sido como una bendición para su patria.
Otro favor del destino fué la paz externa que hemos disfrutado durante la segunda mitad de nuestra vida independiente, fruto de la razón pública, y del acierto de los presidentes, ninguno de ellos belicoso.
La ventura que medio siglo de paz externa significa es difícil avalorarla; y si la razón pública tuvo en ello su parte, mucho se debe a los gobiernos, presididos, con rarísima excepción. por los argentinos más ilustres, frutos de una democracia instintiva, la misma que salvó al país de los predominios militares.
Pero como esa democracia era inorgánica, necesitaba gobiernos fuertes, y los tuvo a conciencia. Gobiernofuerte significa ejecutivo fuerte; y esto a la vez se traducía en predominio sobre el congreso y los gobernadores. Lo primero sucedió siempre; ningún congreso nuestro ha vencido a un presidente..
Cuando Rivadavia se apercibió en el triunvirato que dos asambleas le estorbaban, las disolvió a las dos; y Urquiza, al percatarse en 1852 de que el gobierno de Buenos Aires se le subía a las barbas, lo disolvió también. El 80 sucedió lo mismo.
Los gobiernos fuertes eran incompatibles con la realización de nuestras impecables y grandilocttentes constituciones; pero éstas eran a su vez incompatibles con el estado embrionario del país. Curiosidades de libreria, hechas para demostrar a la Europa interrogante que nos regíamos "por las instituciones más libres del mundo", y dictadas también con un noble anhelo de mejoramiento social, eran como un frac importado para vestir al indio, no pegaban; prescindieron de la situación real; por eso eran un conjunto de normas éticas y de instituciones utópicas.
Esta impracticabilidad de nuestras instituciones justifica a veces en las épocas pasadas el mal vivir con la constitución. Felizmente la gran institución de la presidencia fuerte salvó al país del desorden.
La utopía, mal del país y de la época, que engendró esas cartas políticas, en ningún caso resalta con relieve más bufo que en el canal de Rivadavia, que traigo a colación como manifestación inequívoca del mal.
A principios de 1826, el presidente enviaba al congreso un proyecto de canal desde la cordillera de los Andes hasta Buenos Aires, solicitando un crédito de medio millón de pesos, en los mismos momentos en que el ejército expedicionario, desnudo y hambriento, no podía moverse en la Banda Oriental, de pura miseria. Daba lástima ver a un señor grave y sesudo como don Julián Agüero, ministro de gobierno, sosteniendo con argucias curialescas tamaño disparate ante el ilustre areópago. Siquiera el joven diputado Vélez tenía la atenuante de su incipiencia. Se oyeron voces cuerdas, y se adivina la unánime opinión adversa; pero el congreso aprobó en general por 23 votos contra 22—retirados algunos opositores—la descabellada idea, aunque reduciéndola después, por una modifica- ción en particular, a la categoría de un desliz inofensivo.
Como este canal fueron muchas de nuestras constituciones escritas, sueños generosos, anticipaciones de porvenir. Verdad que es tan grave para un pueblo que sus directores le adelanten el reloj, como que se lo retrasen; porque ambas cosas suponen el desconocimiento de la hora en que se vive. Parece, sin embargo, que esto fuera inevitable en ciertos recodos de la historia, como en la vida del hombre. La juventud sueña con el mañana, poblando de quimeras los días que vendrán; la ancianidad rumia el pasado con frui ción; sólo de la sazonada y discreta madurez es propio vivir en el presente, deteniendo al buen cuarto de hora que pasa fugitivo, para exprimirle su jugo y saborearlo. Nuestro país era un niño que tenia la fiebre de actualizar lo venidero; cuán caras hemos pagado esas impaciencias!
Digresiones son éstas que me llevan al objeto, recordando el criterio irrealista de los tiempos, que generaba el divorcio entre la constitución estática, o sea la escrita, y la dinámica, la de las realidades.
Pero, seamos justos; la impracticabilidad de nuestras constituciones escritas no debe imputarse únicamente a sus creadores, si bien predominara en ellos el criterio de las construcciones subjetivas y simétricas, proveniente de la especulación filosófica, y del afán por lo mejor, que no siempre es lo bueno; si no también a la deficiencia del objeto, a la incongruencia, a la blandura de la masa, que se escurría entre los dedos, a la incoherencia de un país todavía incapacitado para cualquier sistema de gobierno, por los defectos de una colonización inverosímil, que, buscando los caminos del oro legendario, había desparramado a la ventura, donde clavara su espada el conquistador, aldeas condenadas de antemano al estancamiento, por su distancia de las costas y ríos navegables; aldeas que cons tituyeron el núcleo urbano, y semiculto de las provincias, separadas entre sí a la manera de oásis por desiertos insondables, recién salidos de las manos del Creador, donde la naturaleza, ella sola, imponía sus leyes, sin gendarmes.
Ante esta insuficiencia del país para el gobierno propio, los ejecutivos, de vieja cepa, se fortificaron, por necesidad y por ley biológica; su misión es obrar, y en el ejercicio el músculo se dilata, siendo propio de los poderes sin contralor eficaz la tendencia al acrecimiento. Para ellos fué una necesidad de vida o muerte el acaparamiento de los poderes distribuídos, que el pueblo no estaba en aptitud de ejercitar. En torno de este fenómeno giran los acontecimientos polí- ticos posteriores a la organización definitiva de la nación.
Tres circunstancias sobre todo, han contribuído al robustecimiento del poder central: la federalización de Buenos Aires, el sistema rentístico de la constitución y la fuerza armada que está en sus manos; estas dos últimas le proporcionaron la espada y la bolsa, dos eficaces elementos de predominio. La federalización de Buenos Aires quebró al gobierno de la provincia que era el único contrapeso de aquél. La cuestión del 80 no fué, como comunmente se dice, de integración o consolidación nacional, no. La nación ya estaba integrada y consolidada desde 1861; el 80 se consolidó el ejecutivo nacional, amenazado por el ejecutivo de Buenos Aires.
Cuando el conflicto se resolvió en favor de la nación, su poder se hizo incontrastable. Los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda habíanse mantenido defendiendo la integridad de su poder; Roca le dió su robustez definitiva, ayudado por los acontecimientos.
Propúsose hacer un gobierno fuerte, él lo ha dicho, y lo consiguió con creces, a beneficio del país; porque así pudo imponer la paz interna, y preparar la armonía internacional; esa es su obra y su gloria. Merece el apodo de pacificador y el premio Nobel de la paz.
Para afianzar la interna, puso su espada en la balanza, sobre el platillo de gobiernos que le eran hostiles, abnegación que los argentinos no deben olvidar. La mezcla feliz de moderación y energía, que daba relieve a su carácter, puesto al servicio de una inteligencia sagaz, hacían de él un político original, único de su estilo que haya tenido la república. Los servicios que prestó a la paz interna y externa la primera necesidad de Sud América —son ellos solos suficientes para la consagración definitiva; y es una injusticia enrostrarle lo que dejó de hacer, ante la magnitud de lo que hizo; porque no pueden tocarse todos los instrumentos a la vez, y el hombre—orquesta en la política no existe. Para conseguir lo que él obtuvo, era necesario un gobierno robusto y defensivo; quizás por eso usó de la "máquina"... pero no seamos severos con ella, porque arrastró a menudo el pesado convoy, cuando las constituciones no enganchaban...
Llegamos a Sáenz Peñía.
III
Sáenz Peña
Sáenz Peña escrutó en la niebla circundante cual debiera ser la tarea en su día de jornalero, y acertó; después de acertar, que era difícil, realizó su tarea y murió.
Sáenz Peña necesitaba romper tres cadenas de flores, más recias de quebrar que las de hierro, que le ataban en dulce connubio al congreso, a sus agentes naturales los gobernadores de provincia, y al partido político que no lo engendrara, pero que le sirvió de dama de compañía. Estas rupturas de amor fueron dolorosas, y al soltar las amarras y alejarse, el presidente caballero debió sentir la congoja de Cortés cuando quemó sus naves.
Se encastilló, solitario y solemne, en la vieja Fortaleza, y abroquelado en su aislamiento, como un Juez de las Partidas, sin padrinazgos ni ofrendas, su elegante y varonil silueta de militar y gentil hombre cobró los contornos de un héroe cívico. El, que era afectuoso y mundano, probaria la amargura de su sacrificio tanto más acerbo cuanto nadie creyó en su buena nueva, que a todos nos parecía, es verdad, como él lo dijo, la quimera de un romántico. Pero la fe mueve las montañas, y en menos de tres años, su obra había triunfado, y los más escépticos creyeron.
Los grandes hombres debieran ser como las reinas de las abejas, que ponen los huevos y mueren. Sobrevivirse es a menudo un infortunio para su patria y para ellos.
Sáenz Peña, que había sido oportuno siempre, lo fué también para morir. Cumplida su tarea, debía irse y se fué, para no vulgarizarse, para velar, con el prestigio de la muerte y la apoteosis, desde la tumba, su obra, como aquellos mariscales de Francia, que, desde sus sarcófagos de mármol, en los Inválidos, hacen la guardia al Emperador.
Pero Sáenz Peña debió precisar una distinción que él no hizo, con daño para la política venidera y para su misma obra. Debió insistir categóricamente en que su alejamiento de todo partido era una necesidad accidental de su presidencia, y no una norma definitiva de la política argentina. El está justificado de la excepción que impuso al gran postulado democrático de que no debe gobernar un hombre sino un partido, y está justificado por estas dos razones: la primera, porque no fué llevado al poder por un partido; su candidatura, discretamente oficial, fué recibida con la simpatía del país; pero para lanzarla, a guisa de simulacro, se creó la Unión Nacional, partido de ocasion, que no pudo pretender legitimamente gobernar, porque no había hecho al candidato ni al presidente.
Pero había otra razón más importante para que Sáenz Peña no hiciera gobierno de partido. Siendo el fundamento de su programa crear y mover al sufragante, era necesario inspirar una confianza excepcional, imposible entonces, con un presidente embanderado. Una vez funcionando el comicio normalmente, adquirido el hábito de las nuevas prácticas, desarmada la revolución, y fiscalizado el ejecutivo por una imponente minoría; se volvería de nuevo al gobierno de partido.
Pero la teoría de Sáenz Peña ha generalizado el error, de que para realizar un gobierno democrático expresidente debe colocarse arriba y afuera de los partidos.
He aquí lo que dijo Maquiavelo de Sáenz Peña, con esa voz que atraviesa los siglos sin apagarse: "Lo que más fama da a un principe nuevo son las leyes e instituciones que establece. Cuando están bien fundadas y responden a grandes necesidades, lo hacen digno de toda consideración y respeto".
Y esto otro escrito con bisturi: "No hay cosa más difícil de realizar ni de más dudoso éxito, ni de mayor peligro para manejarla, que el establecimiento de grandes innovaciones, porque el legislador tiene por enemigos a cuantos vivían bien con el régimen anterior, y sólo encuentra tímidos defensores entre los favorecidos con el nuevo, timidez producida en parte por miedo a los adversarios a quienes son útiles las nuevas leyes y en parte por la natural incredulidad de los hombres que no se convencen de que una cosa nueva es buena hasta que no se lo demuestra la experiencia. De aquí procede que los adversarios de las innovaciones forman partido para combatirlas en ocasión propicia, y los que las defienden lo hacen flojamente, de suerte que unos y otros ponen en peligro el nuevo régimen".
Y esto más: "Prospera todo el que procede conforme a la condición de los tiempos y se pierde el que hace lo contrario".
El elogio póstumo de Sáenz Peña fué hecho así, cuatro siglos antes de su muerte, por el más grande filósofo de la politica, precisamente aquel que ha sido juzgado injustamente el razonador del despotismo y el alma del viejo régimen.
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IV
El pobre soberano
El gobierno es un hecho preexistente y necesario; no ha sido creado ni concebimos por ahora su abolición Sólo pudo organizarse y modificarse. La soberanía, o sea la atribución de organizar el gobierno y designar su personal, se supuso primero que residía en el monarca, por delegación divina, heredando aquél de sus antecesores, natural o fortuitamente la atribución.
Después se concibió que ésta era el patrimonio de ciertas clases o de todo el mundo, y se dijo que la soberanía residía en el pueblo, quien, no pudiendo ejercerla directamente, la delegaba en un hombre o en un grupo.
Del cruce de estas dos hipótesis surgieron las monarquías constitucionales, que aunaban los nuevos sistemas con la tradición.
Pero entre nosotros, donde no fué esto posible, se admitió, después de la revolución, la soberanía del pueblo, que en los primeros años delegábase en asambleas llamadas soberanas, y se mantuvo después virtualmente en el pueblo, quien hoy ya no delega la soberanía, sino su ejercicio, en los llamados mandatarios. Pero esta misma delegación no la realiza directamente todo el pueblo soberano, sino los que pueden votar, los electores, de cuya calidad están excluídos los varones menores de 18 años, las mujeres, los extranjeros sin carta, y los legalmente inhabilitados; de tal manera que el electorado no excede, probablehente, del 15 por ciento de la población. Pero se presume que esta fracción representa al resto.
En las elecciones municipales ese 15 por ciento disminuye aún, porque si es verdad que en algunas partes se admite el voto de los extranjeros sin carta, en las elecciones municipales, su número es exiguo en los padrones; y en cambio se eliminan los nativos que no reunen requisitos patrimoniales.
Algunos pretenden que esas limitaciones se acentúen, con lo que se llama el voto calificado, con traba relativas a la instrucción o al patrimonio del elector, exigiéndosele un mínimum de conocimientos literarios o de bienes. Se supone que con esto disminuiría el número de electores sin discernimiento, seleccionándose el electorado.
De aquel 15 por ciento, concurren a la elección aproximadamente seis décimos; así el número de delegantes disminuye de 15 a 9 y de ellos, cuando mucho el 7 1/2 obtiene representación, pues el resto dispersa sus votos en listas derrotadas. Además, hay otra merma, porque suponiendo, ya en el Congreso, una asistencia excepcional de dos tercios de miembros de cada cámara, disminuyese el 7 1/2 al 5 por ciento, y dentro del quórum vale la resolución de la mayoría, que, aún siendo de dos tercios, representaría la voluntad presunta del 3.33 por ciento del pueblo soberano.
Si se tiene en cuenta que a veces la concurrencia de electores es inferior al 60 por ciento. de los que con frecuencia quedan sin representación, más de la sexta parte supuesta; y que el quórum de las cámaras rara vez llega a 213, habría que rebajar todavia eseal 2.50 por ciento.
Como se vé, este sistema está organizado sobre hipótesis, que a su vez se asientan en otras presunciones. Se supone que la soberania reside en el pueblo, formado por todos los habitantes; pero esta suposición, semejante a la del contrato social, puede admitirse como una finalidad, porque el hecho político no ha sido nunca ése.
Otra suposición es que un 15 por roo de electores representa al 85 por 100 de habitantes que no elige ni autoriza a nadie a interpretar su voluntad; otra que los 6110 votantes representan a los 410 que se abstienen, y el 7 12 por ciento cuyos candidatos triunfan, al 1 1/2 por ciento de los derrotados, y que dentro de aquel 7 112, ya en el parlamento, se supone también que la mayoría legislativa, representa a la minoría que rechaza un proyecto, etc.
Asi, por una serie de eliminaciones, y de represen taciones fictas, el soberano desaparece casi por completo al final de la complicada elaboración, y sólo queda de él una piltrafa y un simulacro. El sistema como se ve, es de una falsedad estupenda. Pero si a los 7 millones de habitantes, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, se les ocurre tomar una resolución unánime y enérgicamente y no hay una fuerza armada poderosa que la contrarie, esa resolución será respetada y en ese momento el pueblo es soberano.
Más como éste no delibera ni gobierna, so pena de sedición, sino por medio de sus supuestos representantes, y éstos sólo traducen la voluntad de una fracción insignificante, resulta que lo de la soberanía del pueblo es una verdad potencial, sin existencia visible.
Y esto poniéndonos en el mejor de los casos, de la elección auténtica, en que no haya sido perturbada la función, pues en el caso frecuente de falta de libertad exterior (violencia o fraude), o a los más frecuentes aún de falta de libertad interior (servidumbre moral o económica), o el de incapacidad, entonces el mito caería al suelo hecho pedazos.
Pero todo esto no debe descorazonarnos: en primer lugar porque siempre fueron las cosas así, y este consuelo, que no agrada a todos, es el más tranquilizador.
Además, aunque el pueblo en realidad no dirija sus destinos, ni directamente, ni por una delegación auténtica, está siempre ahí, con su soberanía virtual, que evita otras soberanías, como un icono que no se mueve, pero que podría encolerizarse.
Y prácticamente las cosas se resuelven como si el soberano interviniera, porque la organización del gobierno y elección de personal se realiza con la colaboración de un extenso número de personas, gravitando en la solución, directa o indirectamente, los intereses más serios y los hombres más capaces.
La tendencia a restringir más aún de lo que ya está el sufragio calificándolo por la capacidad literaria o económica del elector no remediaría ningún mal, porque el elemento excluido no sería el peor; y en segundo término, porque el concepto político del voto no es el de una expresión de voluntad, sino la gravitación de un interés y merece igual respeto el del obrero analfabeto y el del sabio profesor. Este podrá elegir con mejor discernimiento entre varios candidatos al aparentemente mejor preparado para la tarea gubernativa; pero no se trata de eso, sino de formar un gobierno resultante del mayor número posible de intereses, aunque teóricamente sea inferior a otro..
En La Rioja de 1830, un profesor tal vez votara por Castro Barros y la mayoría de gauchos analfabetos por Facundo, que sería el gobernante democrático y adecuado, por ser traducción más exacta del interés colectivo.
El interés que se traduce en el voto del elector será más o menos egoísta o individualizado, pero casi siempre, consciente o inconscientemente, se produce así, y así debe ser. Podrá decirse que aún para percibir la vinculación de ese interés con una candidatura es necesario el discernimiento, desarrollado por un mínimum de instrucción, pero el interés que mueve al elector es de una simplicidad primordial; y en esta materia los hombres proceden instintivamente, sin que una instrucción elemental aguze su sagacidad.
Además esa deficiencia del elector ignorante para apreciar el mérito del candidato, se suple por la orga- nización partidaria, sin la cual el gobierno de la democracia resulta una calamidad.
' El caso de la capital federal, para cuyas elecciones comunales, el elector es calificado por la ley y por su mayor cultura que en el resto del país, aparece desfavorable a los partidarios de la calificación, como lo prueba la reciente crisis del gobierno comunal.
Sólo sería admisible la calificación como una capitis diminutio del analfabeto, a manera de coerción y condenación, obligándose así a los partidos a la "acción directa", instruyendo a sus correligionarios analfabetos para aumentar el empadronamiento de afiliados. Esto produciría resultados inmediatos, y fomentaría la "acción directa" de los partidos, que es una urgente necesidad política.
El mito de la soberanía del pueblo aparece más inanimado aún si se considera que una vez organizado el gobierno, con tan poca participación suya, no le queda ya ningún control sobre sus presuntos procuradores, que se le pierden de vista. Sólo resta el recurso, a la mínima fracción que elige, de negar la reelección al representante que se condujo mal; pero el elector vota las candidaturas de su partido por regla general, de modo que aquella sanción, en caso de producirse, no se realiza bajo la fiscalización directa del soberano, sino en el seno del partido; pero dentro de éstos se siente el mismo mal de abstención que en el electorado, por cuanto en la organización de clubs, de donde salen los delegados para las asambleas, locales o generales, que unge candidatos, interviene un número reducido de adherentes, y no siempre los mejores, sino los soldados de línea o políticos profesionales. Los demás, que constituyen las reservas del partido, concurren poco a la organización de clubs. Generalmente las listas se confeccionan por unos cuantos dirigentes, aún en los partidos llamados populares..
Si la fiscalización del soberano es imposible, y la de los partidos en extremo deficiente, para contener a los supuestos representantes dentro de ciertas normas de conducta política, ¿carecen éstos por completo de frenos? No, porque está el control de lo que vagamente se denomina "la opinión pública', de difícil definición, pero de existencia cierta. La gravitación de esta influencia colectiva en una capital de la importancia y cultura de Buenos Aires, ahora es ya suficiente para contener dentro de ciertos limites a los funcionarios del gobierno, quienes de hecho son generalmente representativos del medio.
Por nuestro sistema de distritos—provincias hay poco contacto entre los elegidos y los electores; para esto sería más favorable la pequeña circunscripción; pero con excepción de la capital federal, siempre resultaría aquella demasiado extensa. Además, ata al legislador con intereses de campanario, que no pudiendo sumarse entre sí por antagónicos, no dan en el parlamento, la resultante homogéea, o sea el interés colectivo, sino una serie de pequeños intereses contradictorios, que traban el progreso general. La circunscripción hizo fracasar en Francia las leyes contra el alcohol, que ha envenenado la raza, y fué necesaria la guerra para que el parlamento las votara. En ese sistema el legislador o candidato tiene su vinculación más directa con el vecindario que con su partido; y en el de lista por distrito, el partido político sirve de intermediario entre el elector y el candidato; lo que permite una acción parlamentaria más favorable a los intereses generales, aunque se sacrifiquen los de alguna localidad. Ademas esto fortifica a los partidos generales, que deben ser protegidos de todos modos.
La circunscripción me obliga a decir algo del voto secreto y obligatorio. El primero debe mantenerse como reforma ya definitiva. Se dijo que facilita la traición y desorganiza los partidos. Esto último se desmiente por los hechos, porque después de varías experiencias, los partidos han aumentado su con sistencia; y en cuanto a la traición, ello es cierto, pero es un mal compensado con creces por la mayor libertad del elector, que aumenta el sentimiento del propio valer y dignidad. Los partidos vénse obligados a vincular al elector por intereses más sólidos que el miedo. La traición, siendo fruto de la libertad, no puede ser un argumento contra la libertad. Es preferible la felonia del hombre libre, que es una mancha individual, a la lealtad forzada de las recuas, que es una vergüenza colectiva.
El voto obligatorio debe derogarse, porque ha fracasado en la práctica, carece de sanción posible, y las medidas de fuerza no tienen eficacia para mejorar una institución tan espontánea como el sufragio. No puede decirse al elector: ¡credi o ti tronco la testa!; vota o te encarcelo!
Recuerdo ahora el primer curioso ensayo del voto obligatorio entre nosotros. Su precursor criollo fué el coronel Pagola, que en 1820, a raíz de un motín, expedió un bando, más eficaz que el de Sáenz Peña, estableciendo que los ciudadanos que no acudieran al atrio "serían conducidos por la fuerza al sitio designado, donde, con entera libertad, podrían hablar, discurrir y sufragar".
He divagado sobre la organización del gobierno, y la escasa intervención que tiene en ella el pueblo, eterno ausente, que decía de Maistre, mucho antes de que Sáenz Peña hiciera su singular pregunta: "el pueblo no vota porque los gobiernos eligen, o los gobiernos eligen porque el pueblo no vota?", como quien dice: "¿qué fué primero, el huevo o la gallina?"
¿Por qué desinteresa tanto su función al elector?
El fenómeno es universal, de modo que no busquemos causas locales. Los partidos se esfuerzan en "mover al sufragante, en las vísperas electorales, con una serie de friegas, excitantes y Jarabe de pico que algún efecto producen; pero un 30, 35 o 40 por ciento se les inmuniza, y buena parte del resto va a la urna con visible desgano. ¿Será porque escapa a su miopía la relación existente entre el acto cívico y su, propio bienestar? O porque esa relación no exista?
Lo que sea, rascando un poco el alma popular, se encuentra en ella una contradicción desconcertante; junto a su credulidad infantil, que da compasión, hay un escepticismo incoercible, proveniente de siglos de dolor; y a los grandes movimientos cívicos suceden estados de sopor, como si una grande ilusión moviera al pueblo y otra gran decepción lo anonadara.
Es que, en el fondo, la organización del gobierno interesa a pocos, como que no fué nunca función popular hasta ayer, y no puede modificarse una mentalidad tan antigua, en un siglo que es un minuto.
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