Con sabor a vino: Crisis, regulación vitivinícola e inestabilidad política en Mendoza (1913-1923)

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Con sabor a vino Crisis, regulación vitivinícola e inestabilidad política en Mendoza (1913-1923) Patricia Barrio

Esta publicación ha sido sometida a evaluación interna y externa organizada por la Secretaría de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Diseño: D.C.V . Federico Banzato Diseño de tapa: D.G.P. Daniela Nuesch Corrección de estilo: Alicia Lorenzo Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723 Impreso en Argentina ©2016 Universidad Nacional de La Plata ISBN 978-950-34-1433-0 Colección Biblioteca Humanidades, 39 Cita sugerida: Barrio, P. (2016). Con sabor a vino: Crisis, regulación vitivinícola e inestabilidad política en Mendoza (1913-1923). La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Biblioteca Humanidades ; 39). Recuperado de http://www. libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/76 Licencia Creative Commons 3.0 a menos que se indique lo contrario

Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Decano Dr. Aníbal Viguera Vicedecano Dr. Mauricio Chama Secretaria de Asuntos Académicos Prof. Ana Julia Ramírez Secretario de Posgrado Dr. Fabio Espósito Secretaria de Investigación Prof. Laura Lenci Secretario de Extensión Universitaria Mg. Jerónimo Pinedo

Capítulo 5

La intervención de la cooperativa en 1918 por parte Capítulo 6.

La conflictividad institucional y ¿la salida Capítulo 7.

Conflictividad institucional y vitivinicultura.

Capítulo 8.

La gobernación de Carlos Washington Lencinas y el intento de profundizar la intervención estatal Capítulo 9.

Introducción La Primera Guerra Mundial generó una fuerte crisis económica en la Argentina, debido a la dependencia del sector externo. Sin embargo, la historiografía parece pasar por alto las características y consecuencias de esta coyuntura, centrándose, principalmente, en el periodo que termina con el crack de la Bolsa de Nueva York (Di Tella y Zymelman, 1967; Díaz Alejandro, 1970; Ortiz, 1987; Rapoport, 2000; Ferrer, 2004; Gerchunoff y Llach, 2005).1 Algunas excepciones pueden encontrarse en Palacio (2000), y Belini y Korol (2012) 2 que ofrecen una descripción concisa pero clara de esos años, a la que se pueden unir otros aportes. La salida de los capitales europeos por la incertidumbre provocada por la Guerra de los Balcanes, redujo el medio circulante y el crédito en más de 150 millones de pesos papel entre abril de 1913 y agosto de 1914, momento en que el comienzo de la Gran Guerra obligó a las autoridades a suspender la libre convertibilidad del peso (Beveraggi Allende, 1952: 35). Esto generó una crisis bancaria y comercial, y un desajuste en la balanza de pagos, 3 a lo que se unió una baja de los precios internacionales de los bienes primarios, la suba del costo de los fletes y las dificultades para comerciar por la falta de bodegas.

Las inversiones inglesas, en especial las ferroviarias, prácticamente se paralizaron. Las exportaciones se recuperaron rápidamente mientras que las importaciones “descendieron drásticamente” (Palacio, 2000: 108) debido a 1 En otro caso se ubica la crisis en el periodo de entreguerras (Vázquez-Presedo, 1978). 2 También, desde la perspectiva de la inserción comercial de la Argentina en el comercio internacional, está el libro de Díaz Araujo, 1987. 3 En 1914, las importaciones de oro fueron de 17 millones de pesos oro y las exportaciones, de 30 millones (Vázquez-Presedo, 1978: 137). De todos modos, aclaran Di Tella y Zymelman que la balanza de pagos en el periodo de la guerra fue positiva por la fuerte caída de las exportaciones (Di Tella y Zymelman, 1967: 79).

las dificultades señaladas y al aumento de sus precios, los cuales alcanzaron un pico en 1920 (Di Tella y Zymelman, 1967: 79). Si bien esto produjo una protección natural en algunas ramas industriales, otras se vieron afectadas por la falta de insumos externos. Otro efecto de la caída del comercio exterior fue la contracción de las arcas fiscales por su dependencia a los impuestos a la importación. Para compensar esta situación, se recurrió a la banca norteamericana y a la emisión de bonos. Sin embargo, el Estado se vio obligado a dejar de lado numerosas obras públicas con el consecuente aumento de la recesión. Respecto del PBI total de la Argentina, el índice de 1913 (231) alcanzó igual nivel en 1920 (231,7);4 sin embargo, Míguez señala que sólo en 1922 el PBI superó los niveles anteriores a la Gran Guerra (2008:263), lo que parece más lógico teniendo en cuenta la crisis ganadera de 1920-1921. A su vez, Claudio Belini y Juan Carlos Korol sostienen que el PBI se contrajo un 8,1% anual entre 1913 y 1917 y calculan un PBI per cápita –realizado por Albrieu y Fanelli-, que arroja una declinación del 34% en la misma etapa “lo que convierte a la crisis de 1913-1917 en la recesión más profunda y prolongada de la historia argentina, incluidas la gran Depresión y la crisis de 2001” (2012:26). Cuadro nº 1: Producto Bruto Geográfico de la provincia de Mendoza y porcentaje de variación. Mendoza, 1912-1924 Año PBG miles de $ 1993 % de variación 1912 1156084 1913 962235 -16,76 1914 861628 -10,34 1915 688303 -20,11 1916 701494 1,90 1917 727198 3,66 1918 596775 -17,93 1919 768270 28,7 1920 839938 9,32 1921 897790 6,88 1922 890748 -0,78 1923 970145 8,91 1924 1062780 9,54 Fuente: Coria López, 2014: 19. 4 Cortés Conde, Roberto La economía argentina en el largo plazo, cit. por Palacio, 2000: 147. El año base del índice fue 1914.

En suma, estos antecedentes permiten reconstruir la situación general de la Argentina durante ese lapso, pero menos estudiado ha sido el compor - tamiento de la crisis en las economías regionales dependientes del mercado interno. En el caso de Mendoza, el estudio de Luis Coria López sobre el Producto Bruto Geográfico (cuadro nº 1) ha permitido establecer que la crisis de la provincia comenzó en 1913; que el peor año del ciclo fue 1918 y que la situación mejoró a partir de 1919 aunque con oscilaciones, por lo que en 1924, el PBG no había alcanzado los valores de 1912.

Los datos estadísticos disponibles referidos al sector vitivinícola, aunque incompletos, permiten un mayor acercamiento a la evolución de la crisis (cuadro nº 2) mostrando diferencias respecto del PBG, que se analizarán a lo largo del trabajo.

Cuadro nº 2: Precio de la uva (en quintal métrico) y precio promedio del vino (por litro) en pesos moneda nacional. Mendoza (1912-1923) Año Uva Vino 1912 7,61 1913 3,69 1914 2,61 1915 3,04 0,173 1916 3,04 0,198 1917 3,25 0,259 1918 3,48 0,298 1919 3,48 0,372 1920 12,00 0,435 1921 8,00 0,295 1922 8,00 0,263 1923 8,30 0,372 Fuentes: Síntesis de los Anuarios de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente a los años 1915-1922, 1923: 148- 149; Anuario Estadístico de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1924, 1926: 212. Aclaración: El precio del vino de 1923, se ha calculado a partir de información Anuario Estadístico de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1924, 1926: 409.

Sobre esta crisis, existen algunos trabajos como el de Patricia Olguín que estudia ese periodo dentro de una escala temporal más amplia (1914- 1943), centrándose en los sucesivos entes reguladores de la vitivinicultura (2012: 77-110). Aldo Castro, por su parte, aborda las políticas públicas frente a las dos primeras crisis del sector en el siglo XX (1901-1903 y 1914 -1918) (2006: 123-158); Ana María Mateu indaga la Sociedad Vitivinícola de Mendoza (2007:25) y Rodolfo Richard-Jorba la intervención del Estado en el desarrollo de ese proceso crítico (2013c:129-154).

En esta oportunidad, se intenta abrir el lente de observación sobre la etapa 1913-1923 considerando los textos mencionados y las investigaciones, inéditas y publicadas, de la autora del libro (Barrio, 2012a: 19-51, 2014a: 41-69, 2009-2010: 199-214, 2013: 11-43, 2015: 167-197). El análisis de conjunto procura aportar un conocimiento global de las causas y consecuencias de esa etapa, y desentrañar y reflexionar sobre el papel del Estado y los productores en el diseño e implementación de políticas públicas para superar esa coyuntura. En efecto, al analizar esta relación es posible detectar que el Estado provincial intentó, entre otras varias medidas, convertirse él mismo en empresario, aún antes del intervencionismo de la década de 1930. Por lo tanto, la particularidad de este caso amerita su reconstrucción en profundidad. Para ello, es necesario interpretar las dinámicas estatales en el marco de los conflictos políticos-institucionales, los intercambios con los actores económicos del sector -liderados por una burguesía empresaria- y tomando en cuenta una temprana tendencia a reproducir su burocracia, sobre todo en un contexto de crisis (Bohoslavsky y Soprano, 2010: 9-55). El recorte temático girará, entonces, en torno a dos preguntas. La primera, cómo fue la relación entre el Estado y los productores en la gestación de los sucesivos planes anticíclicos (cuatro en total): si hubo negociación con acuerdo, imposición del Estado o si, por el contrario, el gobierno de turno aceptó las presiones de los productores.

En esta dinámica hay que tener en cuenta, por un lado, que los recursos fiscales de la provincia se componían en más del 50% de los aportes del sector, y, por otro, que la estructura social de la vitivinicultura estaba integrada por varios actores con intereses contra - puestos, y distintos grados de “poder”, peso asociativo y, por ende, presión corporativa, emanados principalmente de su posición en esa estructura piramidal. La segunda es cómo se gestionaron los diversos planes de regulación vitivinícola y los factores que podrían haber incidido en un eventual fracaso.5 Por último, vale mencionar que el estudio de estos problemas resulta incompleto si no es relacionado con el factor político institucional ya que el periodo fue rico en cambios y al mismo tiempo, inestable. En efecto, la ley electoral nacional de 1912 (ley 8871) desencadenó en Mendoza la disolución del régimen liberal-oligárquico, con conflictos y divisiones internas. La llegada del radicalismo lencinista al gobierno a partir de 1918 no mejoró la situación ya que, tal como sucedió en otras jurisdicciones (Persello, 2004), este régimen6 apareció cruzado por luchas internas y entre poderes del Estado que obligaron a varias intervenciones federales. A su vez, el desajuste económico, con la agudización y expansión de la miseria, desencadenó una conflictividad social, y si bien se sancionaron las primeras leyes sociales, hubo dificultades para su aplicación (Satlari, 2009; Richard-Jorba, 2010, 2012: 31-62, 2013a: 71-101, 2013b: 11-54, 2014b: 5-36).

En definitiva, durante esa década, Mendoza vivió cambios políticos, sociales y económicos inéditos. 5 Para esta reflexión ha sido de utilidad el artículo de Stiglitz, 2010: 13-28. 6 Sobre el radicalismo en general y el lencinismo en particular, véase: Olguín, s.f.; Rodríguez, 1979; Lacoste, 1994; Satlari, 2004: 289-334.

Capítulo 1

El comienzo de la crisis: 1913-1914 Algunas características de la vitivinicultura mendocina La vitivinicultura, como actividad económica de base agrícola, se caracterizaba por su vulnerabilidad y sus recurrentes crisis (Faucher, 1953). 1 En Mendoza, además, la agroindustria del vino sumaba otros rasgos críticos como la segmentación de un mercado único, la facilidad para falsificar el vino y las dificultades para realizar los controles estatales; la fragilidad financiera de los pequeños productores y la dependencia de estos a una red de comercialización extrarregional (Barrio, 2003: 33-60).

Asimismo, el sector estaba socialmente fragmentado con prácticas institucionalizadas. Según una información de 1917, en la provincia cuyana había alrededor de 2.700 viñateros netos que tenían el 45% de las 67.000 hectáreas (en adelante ha) con viña, 600 viñateros-bodegueros con unas 20.000 ha y que generalmente no compraban uva, 500 viñateros-bodegueros que concentraban unas 17.000 ha de viña que sí compraban uva y 60 bodegueros sin viña que necesitaban adquirir la uva (Diario La Tarde, 29 de noviembre de 1917: 5).2 Finalmente, estaban los trabajadores rurales e industriales asociados a la actividad. 1 La viticultura es vulnerable por su tendencia a la exclusividad, la sensibilidad de la viña a plagas y accidentes climáticos, y el veloz deterioro de la uva que obliga a su rápido consumo o industrialización. La elaboración del vino tiene dificultades para adecuarse a las exigencias del mercado puesto que combina la rigidez de la oferta con la elasticidad de la demanda. La primera, porque como la vid es un cultivo permanente, resulta muy difícil al bodeguero disminuir la elaboración de la bebida cuando se desencadena una crisis. La segunda, porque al ser el vino un bien prescindible, su demanda es muy sensible a la variación de precios. 2 Sobre la estructura social de la vitivinicultura (véase Richard-Jorba, 1998: 296-301).

Entre los bodegueros también se presentaban profundas diferencias internas. La primera era la capacidad de producción: según datos de 1914, el 67% de los elaboradores (935) vinificaba hasta 1.000 hl por año mientras que en el otro extremo solo 3 empresas (0,2%) elaboraban entre 150.001 y 300.000 hl al año (Anuario de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1914, 1916: 209). Además, había mercados de vino diferenciados: el de “traslado”, que era entre bodegueros, y el de “exportación”, que correspondía a las transacciones en los centros de consumo. Entre los “exportadores” también había disparidades importantes. La gran mayoría enviaba vino -muchas veces “estirado”- a Buenos Aires y Rosario, donde consignatarios lo vendían (cobrando generalmente el 5% del valor de la transacción) a grandes casas. Aquí era cortado (mezclado), muchas veces adulterado, y envasado para ser revendido a los comercian - tes minoristas. Pero, también, había otras modalidades practicadas por una minoría de “exportadores”: unos, se relacionaban con agentes de ciudades medianas y pequeñas –por donde pasaba el ferrocarril-, disminuyendo así la competencia que existía en Buenos Aires y Rosario; otros, habían optado por colocar sus caldos por venta directa, lo que les permitía ahorrar el costo de la intermediación; finalmente había un pequeño número de empresas que estaba integrado verticalmente, con depósitos y oficinas en Buenos Aires o Rosario, y que concertaba los precios del vino que salían de Mendoza en ferrocarril atendiendo a la marca y al tipo de envase (“precio sobre vagón”). Esta estructura ha sido definida por Patricia Olguín como “oligopsonio en las compras e uvas y un oligopolio combinado bilateral”; esto último porque, efectivamente había “un oligopolio tanto en las ventas como en las compras de vino” (Olguín, 2012: 81).

A esta descripción habría que agregar la existencia de cuatro grandes sociedades anónimas (Tomba, Germania, Giol y Arizu), de las cuales las tres primeras estaban en manos del capital financiero. 3 Además, estas y otras firmas, como tenían su sede fuera de Mendoza, no siempre tomaban sus decisiones en coordinación con el empresariado vitivinícola provincial. En síntesis, el panorama agroindustrial era complejo, con numerosos ac- 3 La Leng Roberts era accionista principal de las sociedades anónimas Germania y Tomba; y el Banco Español del Río de la Plata de la SA Giol.

tores que tenían intereses divergentes, lo que le daba al sistema una tendencia a las tensiones internas.

La señal de una nueva crisis Entre 1910 y 1913 hubo un crecimiento sostenido del volumen de vino elaborado al amparo del boom económico nacional (cuadro nº 1), hasta lle - gar, el sector vitivinícola, a su más alta “participación” en el Producto Bruto Industrial provincial en 1914, indicador de una economía monoproductora y consecuentemente altamente vulnerable (Martín, 1992).4 El primer síntoma de crisis apareció en enero de 1913 con un fuerte crecimiento del stock de la bebida que correspondió a un 34,6% sobre el total de lo que se fabricó ese año. Esto se debió a una contracción de la demanda por el conflicto en las colonias agrícolas del Litoral en 1912. 5 Al stock se sumó un aumento de la producción de uva y vino, lo que generó un exceso de oferta (Martín, 1992: 101-102), al tiempo que la llegada de inmigrantes a la república, principales consumidores de la bebida, caía abruptamente por el inicio de la guerra de los Balcanes; y la fuga del oro, causada por la situación internacional, reducía el medio circulante y el crédito hasta que, por el comienzo de la Gran Guerra, las autoridades suspendieron la libre convertibilidad del peso. A partir de ese momento, la crisis tomó contornos más definidos. Cuadro nº 1: Uva (en quintal métrico) vino elaborado y stock de vino (en hectolitro). Mendoza, 1910-1914.

Año Uva elaborada Vino elaborado Stock de vino en enero 1910 3.801.899 2.598.156 524.824 1912 4.954.391 3.451.800 816.468 1913 5.766.909 4.013.967 1.389.246 1914 6.216.865 4.310.032 1.875.538 Fuente: Anuario de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente al año 1914, 1916: 218. 4 El índice es de 76,6%. Este autor resalta que este dato no sólo indicaba “el carácter prácticamente monoproductor del esquema económico provincial, sino que está marcando – históricamente- el momento culminante del desarrollo de la industria del vino” (Martín, 1992: 99). 5 Sobre este tema, se pueden consultar Diecidúe, 1987 y Lobato y Suriano, 2003.

Las estrategias implementadas por Rufino Ortega (h) La crisis se inició durante la gobernación de Rufino Ortega (h), quien, siguiendo la dirección de su antecesor Emilio Civit, había fiscalizado con firmeza el proceso de elaboración del vino y el pago de los impuestos. Esta política le había generado tensión con los industriales (no obstante ser él mismo bodeguero), tensión que se convirtió en ruptura en 1912 cuando cayó la demanda del vino y Ortega intentó elevar el gravamen al vino, 6 principal fuente del sostenimiento del Estado. Sin duda, este conflicto, su ruptura ideológica con Emilio Civit, el fracaso de un acuerdo con los dirigentes del Partido Popular7 y el déficit fiscal de la provincia debilitaron la gestión de Ortega. No obstante, pese a su vulnerabilidad política, tomó diversas medidas para neutralizar la opinión vertida por los diarios de Buenos Aires, durante 1913, que culpaba de la crisis a la falsificación del vino en Mendoza. Estas disposiciones, que no consensuó ni recibieron el apoyo de los industriales, fueron la prohibición de usar ácido sulfúrico en el lavado de envases porque era una sustancia altamente tóxica (Registro Oficial de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1913, 1915: 231-233) 8 y exigencia de que el vino tuviera hasta 1.50 gramos de sulfato neutro de potasio por litro. Esto último, se debió a que inspectores de la Dirección habían hallado vinos que contenían “una cantidad de sulfatos que sobrepasaba el límite de lo admisible para una buena vinificación” (Registro Oficial de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1913, 1915: 243-244).9 Asimismo, la ley 619 modificó dos artículos de la ley 6 Sobre este proceso, véase Barrio, 2010a. 7 El Partido Popular era una fracción de la élite opositora a Emilio Civit y cercanos a las reformas políticas propiciadas por el presidente Roque Sáenz Peña.

Cuando Ortega no llegó a un acuerdo con este partido se volcó al radicalismo. Sobre el conflicto político véase Peña y Lillo, 1992. 8 19 de febrero de 1913. 9 26 de marzo de 1913. Resulta interesante advertir que el “Reglamento para el Registro y Control de Alimentos y Bebidas” de 1902 se permitía hasta 2 gramos de sulfato neutro de potasio por litro de vino, lo que nos permite deducir que el decreto de 1913 era más exigente. Este fue criticado por el senador Ricardo Palencia, quien sostuvo que los estudios realizados por Ulises Isola, que tomó uvas de todas las zonas y las elaboró en su oficina química, habían mostrado que los vinos habían pasado el 1,7 de sulfato. Igualmente resultaron las experiencias realizadas en la “Quinta Agronómica”, en referencia a la Escuela Nacional de Vitivinicultura (Diario La Industria, 26 de abril de 1913: 4). Actualmente, el provincial de vinos 47 (de 1897). El primero, al cual se opusieron el gremio empresarial10 y algunos legisladores (Diario La Industria, 16 de febrero de 1914: 1, 17 de febrero de 1914: 4, 5 de marzo de 1914:1), estableció que se consideraría vino no apto para el consumo el que tuviera más de 1.30 gramos de acidez volátil por litro en ácido sulfúrico (Registro Oficial de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1914, 1916: 500-501).11 Con esto, decía quejosamente el diario de los bodegueros, se quería sacar de circulación 95.255 hl de vino (Diario La Industria, 17 de febrero de 1914: 1). 12 El segundo ar - tículo, que sí contó con el apoyo de los bodegueros, prohibió la salida de la provincia del vino o mosto que no llevara perfectamente legible el nombre o marca del establecimiento bodeguero y la cantidad de vino que contenía el recipiente.

También se obligó a viñateros y bodegueros a presentar semanalmente a la Dirección General de Industrias una declaración jurada de la cantidad de uva cosechada y litros de mosto producido; y mensualmente otra declaración jurada sobre la cantidad de vino salido de bodega incluyendo su destino (venta fuera de la provincia o a otra bodega, consumo local, derrame o desnaturalización). Quienes no cumplieran con lo establecido se hacían pasibles de multas.13 Un tema discutido en la Legislatura fue el de la producción de alcohol en las bodegas por su uso en la falsificación del vino. Un informe de la Dirección de Industrias señalaba que no existía un padrón de alambiques en las bodegas. La repartición tampoco tenía competencia sobre esa actividad pues no había una ley provincial que la regulara y solo era fiscalizada por la Administración de Impuestos Internos de la Nación. No obstante, el documento aportaba datos interesantes: de las 1.052 bodegas inscriptas en esa vino que tiene 1,20 g de sulfato de potasio por litro de vino se considera adulterado. 10 El gremio de la Sociedad de Vitivinicultores (Barrio de Villanueva, 2006: 181-232). 11 9 de marzo de 1914. 12 Ese volumen provenía de un informe de la Dirección de Industrias de la Provincia, que decía que hasta el mes de febrero de ese año, la fiscalización en bodegas había arrojado 95.255 hl de vino con una acidez volátil superior a 1,20 gramos (Provincia de Mendoza, 1914: 14-15). 13 Lo establecido ampliaba las disposiciones del art. 21 del decreto reglamentario de la ley 47 del 12 de diciembre de 1908 (Registro Oficial de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1914, 1916: 546-547).

repartición, 112 (10,6%) tenían alambiques. Se trataba de aquellas con mayor capacidad de producción (Provincia de Mendoza, 1914: 14). A partir de estos datos, si bien estaba implícito que la mejor forma de evitar el uso del alcohol vínico para falsificar caldos consistía en la separación física de la bodega respecto de la destilería, la ley votada solo obligó a que los establecimientos con alambiques pagaran una patente anual de $25.000, a excepción de aquellas cuyos rectificadores estuvieran fuera de la propiedad o que estando dentro no fueran activados entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de cada año (Registro Oficial de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1914, 1916: 510-511),14 periodo de elaboración del vino. Por su parte, Impuestos Internos, para evitar el fraude vínico, resolvió que en adelante tomaría muestras por triplicado de la mayor parte de los envases (de vino y licor), en forma proporcional a su capacidad (Diario La Industria, 28 de enero de 1913: 5.).15 Las primeras reacciones La crisis generó inmediatos conflictos de los cuales nos referiremos solo a dos: entre los viñateros y los bodegueros, y entre éstos y los comerciantes de vinos de Buenos Aires. El primero, se desató en enero de 1913 por el precio de la uva. Para apreciar la naturaleza del problema es necesario considerar que el número de viñateros netos era, según la fuente citada más arriba, de alrededor de 2.700, mientras que los bodegueros eran casi 1.400 (Anuario de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente al año 1913, 1914: 209.), mayoritariamente también productor de uva. Los principales elaboradores, quienes marcaban el precio de la uva, fir - maron un compromiso para pagar $3,75 el quintal de 46 kg (en adelante q) cosechado por el vendedor y los gastos del acarreo asumidos por el comprador. Era una fuerte baja (entre el 16% y el 22%) ya que el año anterior se había pagado entre $ 4,50 a $ 4,80 (Boletín del Centro Vitivinícola Nacional, 1912: 2043) el q de uva francesa con cosecha a cargo del comprador. Esto 14 11 de marzo de 1914. El proyecto del ejecutivo establecía la prohibición de rectificar alcohol en las bodegas, disposición que fue cambiada en el Senado provincial (Diario La Industria, 17 de febrero de 1914:1). 15 Sobre este tema, véase Barrio, 2010b.

explica que el mismo día se formara una comisión de viñateros para negociar (Diario La Industria, 31 de enero de 1913: 5), aunque sin éxito (Diario La Industria, 6 de febrero de 1913: 5); incluso se denunció que algunos bodegueros ni siquiera pagaban lo convenido (Diario La Industria, 13 de febrero de 1913: 6).16 Por su parte, la Sociedad de Vitivinicultores solicitó a la Legislatura que en el presupuesto de 191317 se aumentara el impuesto a la uva de vinificación que se vendiera fuera de la provincia con el fin de evitar la elaboración de caldos en el Litoral, los cuales, al no pagar impuestos, eran una peligrosa competencia la industria mendocina (Diario La Industria, 26 de mayo de 1913: 3). Este impuesto era de $0,01 por kg y se quería elevar a $0,05 el kg pero la Legislatura no lo modificó; incluso, en 1914 se derogó el gravamen,18 con el fin de atenuar los efectos de la coyuntura sobre los viñateros. Al igual que en la crisis de 1901-1903, el segundo conflicto se entabló entre los elaboradores locales y los comerciantes porteños quienes se culpa - ban mutuamente de falsificar el vino y, consecuentemente, de la caída del precio del vino. El diario La Nación, de Buenos Aires, era el órgano de los comerciantes, mientras que el diario de la Sociedad de Vitivinicultores, llamado La Industria, defendía los intereses de los bodegueros mendocinos. En agosto de 1913, por ejemplo, el Centro de Almaceneros de la Capital Federal declaró que las oficinas químicas provincial y nacional de las provincias productoras no realizaban análisis minuciosos, mientras que la oficina municipal de la ciudad de Buenos Aires sí; por lo tanto el fraude se realizaba en Cuyo (Diario La Industria, 26 de agosto de 1913: 1). En su contestación, el Director de Industrias de Mendoza, José Usandivaras, propuso, entre otras cosas, que el Centro de Almaceneros montara un laboratorio para que sus asociados analizaran los vinos que compraban y, así, deslindar responsabilidades. También afirmó que en aquella ciudad circulaban 300.000 hl de vino falsificado 16 Se acusaba a la firma Cichitti, Tarántola y Soldati. 17 En 1912 se vendieron 39.362 quintales métricos (en adelante qm) de uva fuera de Mendoza (Anuario de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1912, 1913: 354), y en 1913, 35.397 qm (Anuario de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente al año 1913, 1914: 234). 18 Ley 617 (Registro Oficial de la Provincia de Mendoza correspondiente a 1914, 1916: 216-217).

(Diario La Industria, 27 de agosto de 1913: 1). Inmediatamente, el diario La Nación denunció la existencia de un “trust” de bodegueros mendocinos.19 En la discusión asomaba otro tema: el de la superproducción ya que, como se dijo, el volumen de vino elaborado había aumentado un 54,5% entre 1910 y 1913. Es por eso que, a fines de 1913, apareció una propuesta cier - tamente inédita. Martín Lissarrague (comerciante de vinos en Buenos Aires y pequeño accionista de Giol SA) (Diario La Industria, 8 de noviembre de 1913: 1), el poderoso bodeguero Juan Giol y Ricardo Palencia (político y dirigente del gremio empresarial La Sociedad de Vitivinicultores) (Boletín del Centro Vitivinícola Nacional, 1914: 2768-2769) sostuvieron individualmente que había que eliminar el vino sobrante y constituir un organismo público encargado de implementar una política anticíclica. La idea se completaba con otras que habían sido planteadas anteriormente, como la de buscar nuevos mercados -en lo posible externos-, y frenar las plantaciones de vid. A este diagnóstico se opuso el ingeniero enólogo Leopoldo Suárez20 porque tenía una visión menos pesimista; sin embargo, la realidad mostró que la crisis sería más larga de lo previsto.

Efectivamente, a principios de 1914 el stock de vino continuaba en aumento (cuadro nº 1) y la próxima cosecha, no obstante las lluvias y piedras, “se presentaba con gran rendimiento” (Diario La Industria, 7 de enero de 1914: 1);21 por eso una comisión de viñateros se reunió con los bodegueros en la Sociedad de Vitivinicultores, en la que se negoció abonar $ 2,60 el q “en la cepa”. Sin embargo, no se respetó el acuerdo. El mejor precio pagado fue de $ 2,20 el q de uva puesta en bodega 22 (que representaba una caída del 19 Reproducido en Diario La Industria, 26 de abril de 1913: 4. 20 Egresado de la Real Escuela Superior de Viticultura y Enología de Conegliano en 1904, a su regreso a la Argentina fue nombrado director de la Escuela Agrícola de San Juan. Posteriormente, fue director de la Escuela Nacional de Vitivinicultura hasta 1911 y promotor de la Sociedad de Vitivinicultores, a la que dotó de un diseño mutualista. Sobre su propuesta, véase Barrio de Villanueva, 2010: 59-74. 21 La producción de vino en 1914 fue de 3.087.503 hl, un poco menor que la del año anterior (Anuario de la Dirección General de Estadística de la Provincia de Mendoza correspondiente al año 1913, 1914: 218). 22 Un grupo de bodegueros sostuvo el precio de $4,80 los 100 kg de uva sana puesta en bodega (Diario La Industria, 18 de febrero de 1914: 1). Este fue el precio abonado por Giol y

54% respecto de 1912), y el peor, $1 el q. (Diario La Industria, 28/02/1914: 1). Asimismo, el vino de traslado se cotizó entre $0,07 y $0,10 el litro (Diario La Industria, 28/02/1914: 1; Gobierno de Mendoza, 1936: 177), una verdadera debacle para los pequeños y medianos productores,23 mientras que el de que salía fuera de la provincia (“sobre vagón”) se mantuvo estable o con una pequeña baja,24 lo que reafirma la interpretación de que la crisis era soportada por los viñateros y los pequeños agroindustriales (que eran la mayoría). ¿Cuánto tiempo más se podría mantener esta situación con un stock en crecimiento y la lógica presión de los grupos afectados? A este delicado panorama del sector industrial se sumaba la falta de fondos de la Provincia que había imposibilitado el pago del salario a los empleados públicos durante tres meses, en plena transición del gobierno de Rufino Ortega (h) al de Francisco Álvarez. De las conversaciones entre los bodegueros y los viñateros surgió, tam - bién, una comisión, compuesta por Severo G. del Castillo, Juan Serú, Alberto Day, Ricardo Palencia y Antonio Scaramella, que diseñó un plan anti-crisis en enero de 1914. En él se proponía la creación de un impuesto adicional $0,015 por litro al vino que se elaborara ese año para adquirir el sobrante (calculado en 600.000 hl para “desnaturalizado inmediatamente). 25 Esa responsabilidad la tendría una “Comisión de defensa y fomento industrial” que estaría compuesta, sin presencia de funcionarios del gobierno de turno, por Tomba a viñateros de la elite política (Diario La Industria, 25 de febrero de 1914: 1). 23 En 1912, el vino de traslado se cotizó entre $0,20 por litro y en 1913 a $0,16 (Gobierno de Mendoza. Anuario estadístico…, 1936: 177) La caída del precio entre estos años fue del 20%, y entre 1912 y 1914 del 50% aproximadamente. 24 Los vinos Tomba continuaron con un precio de $0,30 el litro, mientras que otras “primeras” marcas registraron una pequeña caída, pagándose como lo más barato, entre $0,22 y $0,20 el litro (Boletín del Centro Vitivinícola Nacional, 1914). 25 El proyecto establecía que todo vino que se comercializara dentro o fuera de la provincia, debía llevar indispensablemente la marca de la bodega de procedencia y el sello de la casa con el nombre del expendedor en la boleta nacional de control, propuesta que poco después se convirtió en ley. También preveía la exoneración de todo impuesto a la uva de mesa y a las frutas frescas en general, por el término de dos años; y estipulaba, finalmente, que el Poder Ejecutivo gestionaría ante el Congreso de la Nación la uniformidad entre las leyes nacionales y las de Mendoza respecto de las condiciones para declarar al vino apto para el consumo, y de las medidas de vigilancia para evitar la adulteración o falsificación de la bebida (Véase también Diario La Industria, 26 de enero de 1914: 1, 27 de enero de 1914: 1, 28 de enero de 1914:1).