Testimonios de mujeres esterilizadas

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DOI: 10.35622/inudi.b.107 TESTIMONIOS DE MUJERES ESTERILIZADAS Félix Rojas-Orellana Luis Paraguay-Vilcas Cesar Quispe-Ayala Violaciones de derechos y resiliencia en comunidades rurales peruanas

Perú · México · Colombia · Bolivia · Ecuador · España · Nicaragua · Puerto Rico · Chile Testimonios de mujeres esterilizadas violaciones de derechos y resiliencia en comunidades rurales peruanas DOI: https://doi.org/10.35622/inudi.b.107 Félix Rojas-Orellana https://orcid.org/0000-0001-8064-978X felix.rojas@unsch.edu.pe Luis Paraguay-Vilcas https://orcid.org/0000-0001-9875-2726 luis.paraguay@unsch.edu.pe Cesar Quispe-Ayala https://orcid.org/0000-0002-5117-783X cesar.quispe@unh.edu.pe violaciones de derechos y resiliencia en comunidades rurales peruanas Autores: Félix Rojas Orellana Luis Carlos Paraguay Vilcas Cesar Quispe Ayala Primera edición digital Publicado en Puno, julio del 2023 ISBN: 978-612-5069-97-9 (PDF) Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-06692 Registro de Proyecto Editorial: 32101012300389 DOI: https://doi.org/10.35622/inudi.b.107 Categoría: Libro resultado de investigación científica CONSEJO EDITORIAL Director: Dra. Katia Perez Argollo Editor Jefe: Lic. Sergio Antonio Flores Vargas Editores: Dra. Bethzabe Cotrado Mendoza / Dra. Manuela Daishy Casa Coila / Dr. Edgar Estanislao Mancha Pineda / Dra. Luz Wilfreda Cusi Zamata / MSc. Rebeca Alanoca Gutiérrez / Dr. Wilson Gregorio Sucari Turpo / Dra. Yolanda Lujano Ortega / Dra. Sheyla Lenna Cervantes Alagón / Dra. Dometila Mamani Jilaja / Dr. Peregrino Melinton Lopez Paz / Dra. Nina Eleonor Vizcarra Herles / Mg. Lourdes Antonieta López Cueva / Dr. Carlos Alfredo Castro Quispe / Dr. Edgar Darío Callohuanca Avalos / Dra. Diana Águeda Vargas Velásquez / MSc. Yésica Dominga Díaz Vilcanqui / Dra. Tania Carola Padilla Cáceres / Patty Samanta Aza Suaña / Lic. Leydi Gabriela Ramos Ramos.

Diseño de portada: Antonio Flores Corrección de estilo: Leydi Ramos Editorial: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C.

Capítulo I Enfoque Metodológico

1.1 Metodología La investigación que se desarrolló a partir de la participación activa en los trabajos de campo de la ONG Centro de Desarrollo Andino Sisay durante los años 2020, 2021 y 2022. Se adoptó el método etnográfico que se basó en describir en forma participativo y autorreflexivo, conociendo a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, en su mayoría provenientes de comunidades rurales de las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Cusco por ser los primeros que pidieron auxilio a la sociedad de lo que estaba p asando con las mujeres en los territorios andinos; en ese marco comparten sus experiencias, así como identificar distintos tipos de violencias que han sufrido. También las condiciones de desigualdad estructural surgen en resistir estas violencias, especial mente en el contexto de programas de planificación familiar.

Los hombres y mujeres convocados para la investigación pertenecen a comunidades indígenas y/o son comuneras, directamente afectados por las esterilizaciones forzadas a hechos violentos. Además, se esperaba indagar también sobre las violencias hacia mujeres adultas y jóvenes, así como hacia familiares de las víctimas o personas involucradas en procesos de liderazgo en sus territorios y en reclamaciones de ayuda. Sin embargo, debido a los límites de tiempo del proceso investigativo, no fue posible profundizar en estos aspectos, aunque se mencionan algunas de sus afectaciones.

Se llevaron a cabo diversos talleres y actividades en beneficio de las mujeres, enfocados en la resiliencia y en la promoción de sus derechos en marco del Proyecto: atención a las poblaciones vulnerables de esterilizaciones forzadas. Además, se realizaron visitas para brindar ayuda sanitaria a comunidades, especialmente a aquellas familias o víctimas de extirpaciones de sus ap aratos reproductivos, con quienes compartimos sus dificultades durante los períodos de confinamiento debido al cierre de los accesos a sus lugares por la pandemia. Además, la ONG CDA Sisay logró apoyar a través de talleres de crianza de animales y huertos familiares en las zonas atendidas, en específico con las mujeres de las organizaciones afectadas por las esterilizaciones forzadas en

Ayacucho Sumaq Huayta (hermosa flor) y de Angaraes Huancavelica. Durante este proceso, también se llevaron a cabo entrevi stas individuales con mujeres pertenecientes a estas organizaciones, así como con aquellas vinculadas a otras organizaciones sociales que han trabajado en este contexto. Es importante destacar que el territorio de trabajo presenta una complejidad de inter sección de formas de violencia, incluyendo violencia política, familiar, pobreza, exclusión y una organización social débil. Además, existen territorios colectivos de comunidades e indígenas, así como zonas de biodiversidad ubicadas en territorios colectivos. Para la recolección de información, se emplearon dos técnicas principales: Las líneas de tiempo, en las que tanto hombres como mujeres identificaron los hechos de violencia ocurridos en sus territorios desde 1980 hasta 2000, centrándose específicamente en los años de esterilizaciones forzadas entre 1995 y 2001, especialmente aquellos relacionados con los derechos de las mujeres. Se esperaba identificar a los responsables, pero esto no siempre fue posible debido a que algunas mujeres habían olvidado a los posibles autores y otras prefirieron guardar silencio por temor a la presencia aún de actores políticos que tienen poder. 1.2 Recolección de datos Con la investigación se utilizó métodos de recolección y análisis de datos, documentos que permitieron recolectar la información necesaria, con cuestionario y observación participante en la investigación. Como afirma Angrosino (2012) “La entrevista es un proceso por el que se dirige una conversación para recoger información” (p. 66).

Además, el tiempo remarca a hombres como mujeres que identificaron los hechos de violencia ocurridos en sus territorios desde 1980 hasta 2000, en los años de esterilizaciones forzadas entre 1995 y 2001, especialmente aquellos relacionados con los derechos de las mujeres. Estos testimonios en las entrevistas permitieron comprender la magnitud del sufrimiento y las secuelas físicas y emocionales que han dejado las esterilizaciones forzadas en la vida de estas mujeres. Dicho sea de paso, son prueba contundente de la injusticia y vio lación de derechos que han experimentado, en buscar justicia y reparación para todas las víctimas.

Capítulo II Territorios, Cuerpos Y Mujeres Violentadas Y Vencidas

2.1 Porqué hablar de cuerpos, territorios y mujeres violentadas y vencidas Para lograr un mejor entendimiento de las complejas relaciones entre las violencias de género, especialmente aquellas dirigidas hacia las mujeres, y las violencias relacionadas con el cuerpo y territorio, es fundamental abordar el tema de los cuerpos y territorios que han sido objeto de violencia y opresión. Este trabajo proporciona un análisis contextual y analítico que nos ayude a comprender que las violencias ejercidas contra las mujeres en esta región no son eventos aislados o temporales, sino que están arraigadas en la exclusión, la marginación y la persistente negligencia histórica. Estas violencias también están vinculadas con los hechos ocurridos durante los años de violencia política, donde tanto grupos armados como el Estado buscaron poner fin a la violencia sociopolítica, la que termina en generar más de un problema con mujeres pobres violentando sus derechos sin consulta aún más sus derechos desde programas de planificación familiar en territorios ya altamente vulnerados. Es necesario comprender la intersección entre las violencias que sufren las mujeres indígenas y campesinas y las estrategias utilizadas para el despojo, el vaciamiento y la apropiación de sus cuerpos, al igual que ocurre c on las tierras que son convertidas en infértiles, venciendo cualquier resistencia. Estas violencias se basan en estereotipos de género y raza arraigados desde la época de la colonización, que han sido naturalizados y persisten en el tiempo, lo que ha contribuido a su invisibilización. Como resultado, dentro del marco de las graves violaciones a los derechos humanos en el territorio, las violencias contra las mujeres y sus impactos a menudo se consideran "menos graves" o simplemente parte de la experiencia de "ser mujer". Esta naturalización favorece la impunidad de los perpetradores (CIDH, 2017).

La situación de las mujeres es preocupante debido a la continua lucha por sus derechos y por mejores oportunidades, y la persistencia de la pobreza como una amenaza constante. Esto genera temor, por lo que es necesario garantizar la seguridad, especialmente para aquellas personas que ejercen liderazgos, sus familias y aquellas que reclaman tierras o territorios colectivos, sobre todos sus derechos ciudadanos. Las vo ces de las mujeres que participaron en este trabajo representan un acto de resistencia y valentía, motivado por la convicción de persistir en la lucha por sus derechos y por ende además por la tierra y territorio de los pueblos marginados y empobrecidos (CEPAL, 2007). Es importante destacar que el análisis de las afectaciones causadas por la pérdida y la reclamación de derechos no puede n separarse de las formas de exclusión y marginación históricamente ejercidas hacia las mujeres y sus consecuencias en relación con los derechos de propiedad, en un contexto de alta informalidad en la tenencia de la tierra. El Estado ha reconocido el impacto desproporcionado del conflicto armado en las poblaciones rurales, especialmente en las más pobres y las mujeres, y ha or denado y reparar estas afectaciones de manera diferenciada a través de procesos integrales de reparación a las víctimas y de restitución de derechos, tal como se estableció en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003). De esta manera, se pone de manifiesto la importancia de reconocer cómo el conflicto armado impactó en el cuerpo de las mujeres, incluso si dicho informe no lo reconoce explícitamente como tal.

En este trabajo, se destaca la falta de profundización de investigac iones previas sobre el tema de las esterilizaciones y las conexiones entre las violencias contra las mujeres y los procesos de despojo y desplazamiento que han ocurrido como resultado de los hechos en territorios indígenas. Esta investigación ofrece claves importantes para comprender las violencias contra las mujeres como manifestaciones de situaciones pasadas y procesos no resueltos. Además, la existencia de territorios, cuerpos y mujeres violentadas en el Perú es un problema complejo que se encuentra arra igado en diversas causas y tiene múltiples consecuencias y afectaciones. Una de las principales causas es la persistencia de estructuras de poder patriarcales y desigualdades de género profundamente arraigadas en la sociedad. Esta desigualdad de género se manifiesta a través de la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres, así como la violencia en los territorios donde habitan (Castellanos, 2021).

De acuerdo a Castellanos (2021), la violencia contra las mujeres tiene consecuencias devastadoras a nivel individual y comunitario. A nivel individual, las mujeres que sufren violencia experimentan traumas físicos y emocionales, lo que afecta negativamente su salud y bienestar general. Además, la violencia limita su capacidad para participar plenamente en la sociedad y ejercer sus derechos.

La CVR (2003) destaca que, durante el conflicto armado interno, las mujeres en las zonas rurales fueron afectadas por la violencia y sus consecuencias. Además, el informe menciona que las mujeres se vieron expuestas a una serie de violaciones graves de sus derechos humanos, incluyendo desplazamiento forzado, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos. Estas atrocidades tuvieron un impacto devas tador en la vida de las mujeres rurales, socavando su seguridad, su bienestar psicológico y su participación en la vida comunitaria. Además, el conflicto armado interno terminó un deterioro en los servicios básicos, como la educación y la atención médica, lo que agravó aún más la situación de vulnerabilidad de las mujeres en estas áreas. El informe del CRV del 2003 destaca la necesidad de reconocer y abordar las violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres rurales durante este período, así como implementar medidas de reparación y garantizar su participación en los procesos de construcción de paz y reconciliación. Entonces, en cuanto a las consecuencias a nivel comunitario, la violencia contra las mujeres perpetúa un ciclo de violencia intergenera cional y no se hizo mucho con respecto a estos informes.

Por otro lado, los hijos e hijas que presencian o experimentan violencia en sus hogares tienen mayor riesgo de reproducir estos patrones en sus propias relaciones en el futuro. Además, la violencia tiene un impacto negativo en la cohesión social y la convivencia pacífica en las comunidades. La indolencia del Estado y la crisis de las organizaciones encargadas de proteger y promover los derechos de las mujeres agravan la situación. La falta de una respuesta efectiva y adecuada por parte del Estado para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia perpetúa la impunidad y la falta de justicia. Además, la falta de recursos y la debilidad institucional de las organizaciones del Estado dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres dificultan su capacidad para brindar apoyo y protección a las víctimas. Un ejemplo particularmente alarmante de violencia contra las mujeres en la historia reciente del Perú son las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990. Estas esterilizaciones forzadas fueron perpetradas principalmente contra mujeres de bajos recursos y comunidades indígenas, y constituyeron una violación flagrante de los derechos humanos. A pesar de las denuncias y las evidencias, muchas de estas violaciones siguen impunes y las víctimas siguen luchando por justicia y reparación (Ballón, 2014).

La existencia de territorios, cuerpos y mujeres violentadas en el Perú es un problema complejo y arraigado en desigualdades de género, falta de respuesta del Estado y debilidad de las organizaciones. Es fundamental abordar estos problemas de manera integral, promoviendo la igualdad de género, fortaleciendo las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres y garantizando la justicia y reparación para las víctimas de violencia. Es importante comprender la intersección entre las violencias sufridas por las mujeres indígenas y campesinas y las estrategias utilizadas para el despojo, el vaciamiento y la apropiación de sus cuerpos y territorios. Estas violencias, basadas en estereotipos arraigados de género y raza desde la época de la colonización, persisten en el tiempo y contribuyen a su invisibilización. 2.2 Violencia contra mujeres: territorios de batallas y dominación, llamando a la acción La violencia contra las mujeres es un problema social y global que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Se manifiesta de diversas formas, como la violencia física, psicológica, sexual y económica, y ocurre en diferentes entornos, incluidos los hogares, las comunidades y los espacios públicos. Es importante reconocer que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino que está arraigada en estructuras de dominación y desigua ldad de género (OMS, 2021).

Los territorios de dominación son los espacios donde se perpetúa la violencia contra las mujeres, y pueden incluir relaciones de poder desiguales, normas culturales discriminatorias y sistemas patriarcales. Estos territorios pueden ser tanto físicos como simbólicos, y pueden ser perpetuados tanto por individuos como por instituciones.

Ante este escenario, es crucial tomar acción para combatir la violencia contra las mujeres. Esto implica crear conciencia sobre el problema, promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, y fomentar la educación y la sensibilización en todos los niveles de la sociedad. También es fundamental implementar políticas y leyes efectivas que protejan a las mujeres y brinden acceso a recursos y servicios de apoyo.

Los relatos desgarradores de las esterilizaciones forzadas revelan una grave violación de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Estas prácticas coercitivas y violentas determinan los cuerpos de las mujeres en territorios de batalla, dominación y control, tanto por parte del Estado como de otros actores. La violencia física y psicológica, la mutilación y la vulneración de la autonomía reproductiva y sexual son solo algunas de las atrocidades sufridas. Estas acciones de violencia perpetúan las desigualdades de género y refuerzan estereotipos y discriminación contra las mujeres. Al considerar los cuerpos de las mujeres como territorios políticos, se les niega su capacidad de tomar decisiones autónomas sobre su vida, salud y derechos fundamentales. Es imperativo reconocer y denunciar estas violaciones de los derechos humanos, abordando las estructuras de poder y desigualdades que las permiten (Rico, 1996).

Para enfrentar esta problemática, se requiere una respues ta integral que incluya políticas y programas de salud y derechos sexuales y reproductivos basados en el respeto, la igualdad y la autonomía de las mujeres. Además, es crucial brindar apoyo y atención a las mujeres que han sufrido violencia, ofreciendo ser vicios de salud, apoyo psicológico, asesoramiento legal y programas de reparación integral. Esto implica reconocer y reparar los daños sufridos, buscar la justicia y tomar medidas preventivas para evitar la repetición de estas violaciones en el futuro (Rico, 1996).

Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, incluyendo gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, unirse y trabajar en conjunto para garantizar la protección de los derechos de las mujeres. Es fundamental p romover la igualdad de género, poner fin a la violencia y la discriminación basada en el género, y crear un entorno en el que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y ejercer plenamente sus derechos y libertades. 2.3 Territorios: espacios invadidos, violentadas y vulneración de derechos de las mujeres La violencia de género penetra en los territorios de las mujeres, emerger tanto su integridad física como emocional. Los espacios que deben ser seguros y protegidos se requieren en escenarios de vi olencia y vulnerabilidad, donde las mujeres son objeto de agresiones físicas y sexuales, y se violan sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la justicia ya una vida libre de violencia (Rico, 1996).

Esta problemática cobra una relevancia especia lmente alarmante en las zonas rurales, donde las mujeres a menudo se encuentran desprovistas de los recursos y apoyo adecuados. La ausencia de organizaciones y redes de apoyo en estas comunidades rurales dificulta su capacidad para enfrentar la violencia y proteger sus derechos. En estas áreas, las mujeres luchan por sobrevivir en condiciones difíciles, enfrentando la escasez de acceso a servicios básicos, la marginalización social y la persistencia de normas y estereotipos de género que perpetúan la violencia (CIDH, 2007).

Además, es importante señalar que en muchos casos las mujeres han experimentado una invasión total de sus espacios privados, donde sus derechos más fundamentales, como el de preservar la vida y proteger a sus familias, fueron violados sin su consentimiento. Las esterilizaciones forzadas han causado separaciones, divorcios, segregación y estigmatización. Las mujeres fueron objeto de nombres despectivos que no merecían, y lo más grave es que el propio sistema de salud fue responsable de seccionar sus cuerpos y luego negarles la atención y el cuidado que era su responsabilidad (Amnistía Internacional, 2021). A pesar de los graves daños sufridos, las mujeres rurales muestran una resiliencia excepcional y se encuentran formas creativas de resist encia y solidaridad. Establecen lazos comunitarios y se organizan para buscar soluciones a sus problemas. No obstante, es fundamental brindarles el apoyo necesario para fortalecer sus capacidades y ampliar su acceso a recursos y servicios, como educación, salud y justicia, que han sido negados u olvidados para estas mujeres (Uriarte, 2005).

Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y en especial de los organismos estatales, así como de los gobiernos y las organizaciones, garantizar la visibilidad, escucha y apoyo a las mujeres rurales en su lucha por la igualdad, la dignidad y sus derechos fundamentales. Esto implica implementar políticas y programas que aborden las causas estructurales de la violencia de género, promoviendo la equidad de género, la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y el fortalecimiento de su autonomía individual y colectiva. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo se podrá avanzar hacia un futuro en el que todas las mujeres, sin importar su ubic ación geográfica, podrán vivir libres de violencia y disfrutar plenamente de sus derechos humanos (Cidón, 2022). 2.4 La violencia política y las múltiples afectaciones a cuerpos y territorios de mujeres vulneradas En tiempos de violencia política, las muje res se configuraron en víctimas especialmente vulnerables. Sus cuerpos y territorios son objeto de violencia y agresiones que dejan secuelas físicas, emocionales y sociales duraderas. Muchas mujeres son violadas como táctica de guerra, con el objetivo de e jercer dominio y control sobre ellas y sus comunidades. Estas agresiones no solo causan un profundo trauma individual, sino que también socavan el tejido social y generan desplazamientos forzados, dejando a las mujeres expulsadas de sus comunidades y enfrentando múltiples adversidades. Una de las formas más atroces de violencia que han experimentado algunas mujeres en este contexto es la esterilización forzada.

Sin su consentimiento ni conocimiento, fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos que les impidieron tener hijos. Estas prácticas coercitivas y violentas constituyen una grave violación de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, negándoles su autonomía y capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos. Además de las afectaciones físicas y emocionales, las mujeres víctimas de violencia política también sufren estigmatización y discriminación en sus comunidades y en la sociedad en general. Son etiquetadas con adjetivos peyorativos como "pendejas", "putas" o "zorras", “qapinapaqpas vali nchu warmiqa”, “lliwpa suqsinan warmi”, lo cual agrava su sufrimiento , seguidamente les impide acceder a la justicia y buscar apoyo. Estos estigmas perpetúan la impunidad y el silencio, dificultando la visibilización y la reparación integral de las afectaciones sufridas por estas mujeres. Es urgente reconocer y denunciar estas violencias, así como promover la participación activa de las mujeres en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad e n la protección de los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia política, abordando programas que idealmente hubieran funcionado en equilibrio de beneficio social que esencialmente fue un rechazo . Asimismo, se requiere un cambio cultural profundo que cuestione y desmonte los estigmas y estereotipos que perpetúan la violencia de género. Solo a través de un enfoque integral y de la colaboración de diversos actores, se podrá avanzar hacia una sociedad que respete y valore la dignidad y los derechos de todas las mujeres.

Capítulo III Violencia Estatal Y Control: Planificación Familiar

“Los cuerpos, a lo largo de la historia de occidente, han sido escenarios complejos sobre los que se han instituido alianzas, enfrentamientos, pactos entre científicos, gobernantes, religiosos, “especialistas” de cada momento histórico” (Martinengo et al., 2014).

“No habrá transformación de la sociedad sin feminismo, no habrá Justicia Social sin liberación de las mujeres y disidencias” - Mujeres Evita La planificación familiar implementada desde el Estado ha sido utilizada como una herramienta de control sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. Mediante la promoción del acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva, se les ha brindado la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su fertilidad. Sin embargo, este enfoque ha sido utilizado de manera perversa en poblaciones vulnerables, especialmente en contextos d e violencia política.

El Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva (PNPFSR) ejecutado por el Estado peruano fue una estrategia que buscaba controlar demográficamente a la población. Se focalizó en comunidades afectadas por la violencia política, donde las mujeres ya enfrentaron situaciones de expulsión, viudez, maternidad soltera y pobreza. Estas acciones de esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo con el objetivo de evitar futuros nacimientos en zonas consideradas "rojas" y estigmatizadas por su asociación con la subversión.

Para llevar a cabo este plan, se utilizaron programas sociales como una distracción y forma de clientelismo político, lo cual continuó un mayor control sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, las consecuencias de estas fueron devastadoras, ya que se realizaron cirugías irreversibles sin el consentimiento ni la información adecuada, en condiciones de salubridad precaria y sin garantías para la salud de las mujeres sometidas a estos procedimientos.

En este contexto, las mujeres humildes iletradas y de zonas marginales fueron las más afectadas debido a su vulnerabilidad y la falta de medios para denunciar estas violaciones. Se les impuso un discurso que dictaba cómo debería comportarse y dónde podría ubicarse, perpetuando así el control y la violencia sobre su integridad. A pesar de ello, han surgido experiencias de resistencia y formas de escapatoria frente a estas imposiciones, demostrando la capacidad de las mujeres para producir y reproducir sus propios cuerpos en contextos complejos y opresivos.

Este caso evidencia la urgencia de abordar la planificación familiar desde una perspectiva de derechos, donde se respeta la autonomía de las mujeres y se garantiza el acceso a información y servicios de salud de calidad. Asimismo, es fundamental cuestionar y desmantelar las estructuras de poder que permiten la violencia y el control sobr e los cuerpos y territorios femeninos, promoviendo la equidad de género y construyendo sociedades más justas y equitativas. 3.1 Una década llena de estigmas y la inacción estatal En la década de Fujimori, muchas mujeres sufrieron esterilizaciones sin su conocimiento ni consentimiento, sin comprender los beneficios y limitaciones de este método de planificación familiar. Estas mujeres ya habían sufrido los estragos de la lucha armada que afrontaba nuestro país y sus consecuencias, habiendo sido desplazadas y alejadas de sus comunidades, despojadas de sus tierras y víctimas de violencia sexual. Estos actos ocurrieron en el segundo gobierno de Fujimori, a pesar de las negaciones persistentes, a pesar de las pruebas que incluyen planos de salud reproductiva, testimonios y el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO). Estas mujeres y hombres sufrieron múltiples consecuencias como resultado de la violencia política, el abandono y el estigma. Muchas de ellas dieron testimonio ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), compartiendo historias desgarradoras. Dionisia Calderón (Pampa Cangallo, Ayacucho), una de las mujeres afectadas, experimentó desplazamiento, doble viudez, violencia sexual y abandono, luchando por criar a sus hijos sin suficientes recursos. Su historia es solo una de muchas, ya que muchas víctimas decidieron permanecer en el anonimato debido al miedo y la reacción de sus familias y comunidades.

Además, cientos de mujeres fuero n abusados sexualmente por ambos bandos (militares y Sendero Luminoso SL) durante el conflicto armado interno. A pesar de todas estas experiencias traumáticas y los sufridos abusos, cuando intentaron reconstruir sus vidas, fueron sometidas a ligaduras de trompas o esterilizaciones. Estos procedimien tos fueron mal vistos en las comunidades campesinas andinas, ya que se percibía que las mujeres se volverían estériles “qulluq” y, por lo tanto, incapaces de procrear o apoyar la vida campesina. Como resultado, enfrentaron el estigma, el rechazo de sus pro pias familias y comunidades, y tuvieron que huir en busca de refugio enjaulado en su máscara invisible.

Estos hechos nunca podrían haber ocurrido en otredad de pertenencia en los andes. En lugar de proteger a estas personas y brindarles salud mental, seguridad, oportunidades de trabajo, educación y otros servicios necesarios, el Estado les impuso la planificación familiar como si fuera una prioridad. Implementaron precipitadamente la atención de salud sexual y reproductiva en un contexto de post -violencia, presionando y obligando a las familias, parejas y jóvenes a someterse a esterilizaciones. En las comunidades, la presión social y familiar era aún mayor, y la falta de hijos era vista con desprecio, ya que cada miembro era una fuerza laboral valiosa. La co munidad rechazaba a las mujeres y familias sin hijos, estigmatizándolas con apodos como "machorras" o "chanchas" y a los varones “chaki” o “chaki runtu”. Además, el trato hacia estos cuerpos esterilizados reflejaba su deshumanización. Tanto el Estado como la sociedad las utilizarán como mujeres desechables, vacías, sin valor debido a su incapacidad para reproducirse. Esta visión despreciativa y discriminatoria provenía de múltiples sectores de la sociedad, perpetuando la idea de que su única función era l a procreación y negando su dignidad y derechos fundamentales.

3.2 El enfoque discriminatorio en las políticas de control: una herida aún abierta El legado de estas políticas discriminatorias sigue siendo una herida abierta en la sociedad peruana. Aunque ha n pasado más de dos décadas desde entonces, las comunidades afectadas experimentaron las consecuencias de esta marginación y exclusión en el ámbito de la atención sobre todo en la en salud. En primer lugar, la falta de acceso equitativo a servicios de sal ud de calidad es una realidad palpable para muchos peruanos que fueron sometidos a esterilizaciones forzadas durante ese período todavía enfrentan barreras para recibir atención médica adecuada. La negligencia y discriminación por parte del personal de sal ud hacen que estas personas se sientan desatendidas y marginadas, lo que impacta directamente en su bienestar físico y emocional. Además, es importante resaltar que las comunidades indígenas y rurales resultan ser las más afectadas por esta exclusión en el sistema de salud peruano. La falta de infraestructura médica adecuada en estas áreas remotas dificulta el acceso a servicios básicos de salud, lo que perpetúa las desigualdades y la marginación. Además, la falta de personal capacitado y la escasez de recu rsos agravan aún más esta situación, dejando a estas comunidades en una posición de desventaja.

Para abordar esta cuestión de la atención en los centros de salud, Victoria Saccsara, presidenta de la Asociación Sumaq Wayta, comparte su experiencia y dice lo siguiente: A pesar de que ya estamos registrados, recibimos maltrato por parte del personal de salud y de Defensa Pública. Por ejemplo, por error, puse mis documentos de registro de atención en el SIS junto con mis citas, en la carpeta. Cuando el médico los vio, se molestó y me echó de su consultorio, se negó a atenderme. Me dijo que me quejara dónde quisiera y cuestionó por qué presentaba esos "papeles inútiles". No queremos atender a personas con esos documentos y nos dicen que vayam os a quejarnos. Se portan muy mal con nosotros. Ahora, con el problema de la COVID-19, la situación es aún peor. No hay ninguna atención, nos dicen que compremos nuestros propios medicamentos.

Cuando vamos con el documento de Registro de REVIESFO, tampoco nos quieren atender. En la mayoría de los casos, somos discriminadas y humilladas. Nos preguntan por qué hemos traído esos papeles y nos echan la culpa por haberlos incluido accidentalmente con los documentos del SIS. Se molestan y nos echan, diciendo que vayamos a que nos atiendan en otro lugar. Les replico diciendo que precisamente ellos no nos quieren atender, que tengo esos papeles, pero no lo entienden y me echan de su consultorio. Afortunadamente, otra médica se compadeció y me atendió. Me pidió llevar muestras de orina para análisis, y allí me informó que tenía una infección urinaria. Mencioné que había tenido ese problema desde que fui esterilizada, pero la doctora me observó que no mencione eso, ya que eso podría afectar mi atención médica. Después me dieron varias ampollas para aplicarme, y me cobraron dos soles por cada aplicación. Antes, todo era gratuito, pero ahora cobran. Así es la atención en los Centros de Salud (Entrevista a Victoria Saccsara, marzo 2022).

Es evidente que la experiencia de Victoria Saccsara refleja un trato discriminatorio y una falta de atención adecuada en los centros de salud en el Perú. Estas situaciones de marginación y exclusión demuestran la necesidad de abordar los problemas estructurales y mejorar la calidad y equidad en la atención en salud para todos los peruanos, sin importar su origen étnico, género o situación socioeconómica.